Situación legal del aborto en países de América Latina

Argentina está a un paso de que el aborto seguro y gratuito sea ley, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández en el que se dispone la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

De aprobarse la iniciativa, será posible que adolescentes desde los 16 años puedan tener la capacidad de prestar consentimiento en caso deseen acceder a este derecho. Asimismo, el Gobierno plantea que, a través del Plan de los 1.000 días, se brinde una ayuda económica a embarazadas en situación de vulnerabilidad.

En toda América Latina, solo Cuba, Uruguay, Guyana, Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción del embarazo en todas las causales. Los dos primeros países cuentan con políticas de prevención y seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres.

Aborto legal solo en algunos casos

En México, solo la capital y Oaxaca reconocen como legal el aborto hasta la semana 12 de gestación, mientras que en el resto de estados este procedimiento solo está autorizado por violación y por riesgo a la salud de la madre.

En el caso de Chile, en agosto de 2017, el Tribunal Constitucional aprobó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias: inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.

En Brasil y Bolivia es legal el aborto en casos de violación y cuando la vida de la gestante peligra.

El Código Penal de Panamá tipifica el aborto como ilegal, pero no cuando el embarazo es producto de un abuso sexual y si hay riesgo para la salud de la madre.

La interrupción de la gestación es posible en Colombia solo cuando es consecuencia de una violación, por malformación del feto y cuando la vida de la madre o del niño corre riesgo.

Aborto solo cuando peligra la vida de la madre

En Perú, Costa Rica y Venezuela no es punible el aborto si la vida de la madre está en peligro. Sin embargo, este último sí castiga por otras causales con una pena de cárcel no mayor de dos años.

En el caso de Ecuador, este procedimiento solo se puede concretar cuando peligra la vida de la mujer debido al embarazo o cuando este es producto de una violación a una persona con discapacidad mental.

En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran penalizados con una condena de hasta cinco años y solo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay riesgo para la vida de la madre.

Con penas de cárcel

El Salvador es uno de los países que tiene una legislación muy dura para quienes deciden acceder a este derecho. Es así que la ley establece penas de entre dos y ocho años de cárcel a quien provoque, consienta o practique una interrupción del embarazo, aunque hay casos en los que la sentencia ha sido de 40 años por ser considerado un homicidio.

Guatemala, por su parte, condena esta acción hasta con 12 años de prisión. Del mismo modo, está totalmente prohibido en Haití y Surinam.

A su vez, las autoridades de Nicaragua persiguen a quienes interrumpen voluntariamente su embarazo desde 2006. La situación se volvió más crítica en 2017, cuando el Parlamento aprobó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.