Exponen ante la CIDH el aumento de niñas y adolescentes embarazadas en Perú por violación
Durante la cuarentena, el Minsa informó que se entregaron solo 250 kits de emergencias para víctimas de violencia sexual, pese a que se registraron más de 700 denuncias por este delito.
América Latina y el Caribe son las únicas regiones en el mundo donde los partos de niñas menores de 14 años están aumentando, según cifras de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Además, son los territorios donde hay mayor número de embarazos adolescentes no deseados.
Perú no es ajeno a esta realidad. En lo que va del 2020, 733 niñas menores de 14 años, incluidas niñas con menos de 10 años, quedaron embarazadas por violencia sexual, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).
Por ello, siete organizaciones de la región se reunieron para dar a conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo la emergencia sanitaria provocó que fuercen a más niñas y adolescentes a ser madres por las violaciones sexuales que sufrieron en sus hogares.
A esto se suma la falta de acceso a servicios de planificación familiar durante la pandemia por COVID-19, lo que en su conjunto provocaron que haya un fuerte impacto sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes.
Durante la audiencia llamada “Violencia sexual, embarazos forzados y acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19”, la abogada Gabriela Oporto, representante de Promsex, hizo hincapié en que, durante la cuarentena, el Minsa solo entregó 250 kits de Emergencia para víctimas de violencia sexual, cuando se han registrado más de 700 denuncias por violación.
“La violencia sexual y los embarazos forzados eran comunes antes de la pandemia. Cuando los gobiernos las enviaron a sus casas por su propia seguridad, muchas (niñas y mujeres) se quedaron a merced de sus agresores. Desde que se dictaron medidas de confinamiento en Perú, no hubo claridad de los servicios que salud que quedarían disponibles”, sentenció Oporto, según informa Wayka.
Por su parte, la comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla, sostuvo que es deber del Estado contar con los mecanismos necesarios para prevenir que menores sufran agresiones sexuales. “Si bien la pandemia no se podía prever, lo que sí se podía haber previsto es la violencia sexual”, acotó.