La criminalización del aborto continúa quitándole la vida a las mujeres
Los abortos clandestinos producen graves consecuencias en la salud de las mujeres, a nivel físico, mental, e incluso llegan a causar la muerte de estas.
“Mi vida, estos doctores van a llamar al Serenazgo por lo del aborto, necesito que me ayudes”, fue el último mensaje que una ciudadana venezolana residente en Perú envió a su pareja, Eudomar Gonzáles, antes de tratar de escapar del Hospital María Auxiliadora debido a que el personal la denunciaría debido el aborto incompleto por el que llegó al nosocomio.
“El aborto incompleto es una emergencia obstétrica”, comenta Brenda Álvarez, abogada especialista en género, explicando que, por ende, los establecimientos de salud están obligados a atender a las mujeres en estos casos ya que, sobre cualquier principio, se debe garantizar el acceso a los servicios de salud.
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Sin embargo, el artículo 30 en la Ley General de Salud obliga al personal médico a denunciar cuando se identifique un “autoaborto” —o aborto inducido—. Es esta criminalización, ejercida desde el Estado y la sociedad, lo que empuja a las mujeres a procedimientos clandestinos e inseguros que pueden llevar a causar consecuencias a nivel físico, mental, e incluso, la muerte.
Las consecuencias de criminalizar y negar un aborto seguro a las mujeres
“Estas consecuencias son producto del aborto inseguro” aclara Pamela Ortega, obstetra y activista feminista de la plataforma de educación sexual integral ESI para vivir. “Un aborto acompañado y legal no dejaría estas secuelas”.
Pero no todas tienen el dinero o la información para acceder a un aborto seguro, a pesar de ser considerado un “derecho fundamental de la mujer a la igualdad, privacidad y salud física y mental”, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ello lleva a las mujeres a acudir a abortos clandestinos —disfrazados de carteles que anuncian “atraso menstrual”—, a someterse a tratamientos no quirúrgicos sin la información detallada, o a verse obligadas a culminar un embarazo no deseado.
Daños en la salud física
La obstetra determina que hay mujeres que, por no poder a acceder a información, caen en personas que venden el misoprostol —pastillas que la OMS recomienda para realizar un aborto seguro— al doble del precio y sin brindar las indicaciones adecuadas. “Muchas veces lo toman y así no funciona, porque puede producir nauseas, diarrea, pero no va a producir el aborto”.
Por otro lado, la criminalización del aborto en el Perú no ha llevado a que esta práctica desaparezca. Por el contrario, las mujeres quedan expuestas a los peligros de hacerlo clandestinamente.
“También está la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o legrado, que es una intervención quirúrgica. Este método suele ser utilizado en los abortos clandestinos, que son inseguros e insalubres”, detalla Ortega.
Aborto
Estos son realizados, por lo general, por personas que no tienen formación médica y que sólo buscan lucrar con la salud de las mujeres. Ante ello, la especialista relata que pueden generarse dos escenarios:
- Muerte por hemorragia: al no saber cómo proceder con el legrado, raspan el útero más de la cuenta y puede resultar con daños severos que llevan a una hemorragia interna. “Como necesitan atención de tercer nivel y ellos no saben como realizar una intervención quirúrgica, lo que hacen es dejarlas y que mueran desangradas o desaparecerlas”.
- Muerte por infección: las AMEU suelen realizarse sin tener un cuidado de bioseguridad, que es lo que brindan los hospitales. Al introducir los utensilios contaminados, al útero, se provoca una infección interna. Como no saben tratarla, a la mujer le da fiebre y taquicardias.
“Nadie sabe qué pasó y ellas no quieren decir que abortaron porque no es legal, entonces mueren de infección”, sentencia la obstetra. Si no se trata entre las 12 o 24 horas, la persona muere.
Las mujeres que sobreviven y logran llegar a un hospital, se les debe realizar la histerectomía, es decir, se les retira el útero porque no se les atendió en el momento adecuado. Esto, si primero no son denunciadas ante la Policía por llegar con un aborto incompleto.
Daños en la salud mental
A nivel mental, Adriana Buiza, psicóloga social y consejera en salud sexual reproductiva de Decido Yo, asegura que una de las consecuencias más graves de negar un aborto seguro a las mujeres es la muerte por suicidio.
Los estereotipos generados por sectores que se oponen al libre acceso al aborto, producen culpa en las mujeres. “Mitos que afirman que nos sentiremos mal, que entraremos en depresión, que el embrión siente dolor o quedaremos infértiles para toda la vida son constructos sociales”. Esto son los que suelen generar miedo para las mujeres y rechazo a la interrupción voluntaria de la gestación por parte de las sociedad.
Ello puede llegar a causar casos de depresión y ansiedad, generadas por el procedimiento inseguro al que fueron empujadas o por el trato de que reciben por parte de la sociedad.
Asimismo, de acuerdo a Pamela Ortega, pasar por un aborto inseguro impacta en a nivel psicológico de distinta forma, pues estos procedimientos producen mayor dolor y sangrado. “Hablan de la depresión post aborto y sí existe, pero por ese tipo de abortos insalubres, donde no se brinda el respaldo adecuado”.
Buiza recalca que también se afecta la salud mental de las mujeres cuando llegan al hospital con un aborto incompleto y deciden revictimizarla llamando a la Policía. “Muchas veces no se las quiere atender, las tratan mal y las violentan psicológicamente”.
Todo esto suele sucederle a las mujeres más precarizadas, quienes no pueden acceder a información detallada para acceder a un aborto seguro. Sin embargo, hay muchos casos en los que ellas están condenadas a continuar con un embarazo que termina convirtiéndose en una maternidad no deseada.
Brenda Álvarez cree que el artículo 30 de la Ley General de Salud es inconstitucional y “debería ser modificado porque no solo vulnera el derecho al secreto profesional, sino también actúa como un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a las atenciones de salud”.
En la misma línea, todas estas consecuencias vulneran acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano, como la Convención contra toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAO) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
