Países de Latinoamérica no tienen cifras exactas de abusos sexuales contra mujeres

El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) con sede en Bogotá, Colombia, concluyó que no existen datos ni información exacta sobre el número de víctimas de violaciones sexuales en Latinoamérica.

Este hallazgo puede resultar perjudicial para la elaboración de estrategias contra la violencia de género en la región. “Si cruzas los datos del sector salud con los del sector justicia dentro de los países, ni siquiera se corresponden”, señaló Cristina Rosero, asesora legal del Centro.

De acuerdo al CDR, entre enero y abril de 2020, en México, se denunciaron 5.519 presuntas violaciones, mientras en que Perú, en lo que va del año, se han reportado por lo menos 328 partos de niñas menores de 14 años; por nombrar datos de algunos países de Latinoamérica.

Sin embargo, Rosero apunta a que hay un sub registro de este tipo de violencia de género al no existir coherencia entre los datos de los ministerios de Salud y de Justicia en cada lugar. En esa línea, la asesora explicó que, por su carácter mortal, medir los feminicidios o embarazos de menores resulta más útil para determinar los alcances de la violencia machista, mientras que considera que las violaciones u otro tipo de abuso sexual no son tan sencillas de contabilizar.

Rosero usó como ejemplo el caso de la segunda niña indígena colombiana supuestamente violada por soldados en 2019 (que recién salió en medios un año después), para explicar cómo el Estado es en parte responsable de que las víctimas no denuncien y exista un sub registro sobre este tipo de abusos.

“Las autoridades dicen que han empezado las investigaciones, pero no ha pasado absolutamente nada [...] exigirles a las víctimas que denuncien sus casos cuando ni el sistema de justicia ni el sistema de salud les dan una respuesta satisfactoria sería desproporcionado”, enfatizó.

Por otro lado, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará sobre derechos de las mujeres, demostró en sus datos correspondientes al periodo entre 2013 y 2016, que solo 13 de 32 Estados miembro tenían protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, mientras que únicamente dos países segregaban casos de violaciones a niñas, algo que puede generar desinformación respecto a la cantidad de embarazos de menores.

Gabriela Oporto, abogada y miembro de la organización de derechos sexuales y reproductivos Promsex, indicó, por su parte, que “el Estado no toma en serio el problema de la violencia sexual y por eso no tiene estadísticas actualizadas o fieles que reflejen la gravedad del problema”.