La virtual vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, negó que el apoyo económico “solidario” de parte de militantes del partido Perú Libre para ayudar a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón tuviera que ver con la presunta banda criminal Los Dinámicos del Centro.
Así lo indicó a través de un comunicado, según el cual en noviembre de 2020 abrió una cuenta mancomunada con el también militante Braulio Grajeda, para recaudar fondos y cancelar la reparación civil de 850.000 soles que se había impuesto para el exgobernador regional de Junín.
“En mi calidad de secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional (CER) Lima, y por que todo manejo de dinero debe ser transparente y bancarizado, junto al militante Braulio Grajeda, abrimos una cuenta mancomunada en el BCP. A través del WhatsApp oficial del CER Lima se difundieron estás cuentas a la militancia y se solicitó la colaboración voluntaria”, escribió Boluarte.
Asimismo, en el referido descargo, acotó que la recaudación total de la cuenta mancomunada fue de 15.791,92 soles, suma alcanzada con el aporte de un total de 104 personas. Según ella, “se transfirió a la cuenta indicada por el secretario general”.
“Rechazo tajantemente que interpretaciones periodísticas pretendan asociar, a este caso, el aporte de 104 personas que actuaron transparente y voluntariamente, así como la utilización de mi nombre en estrategias desinformativas que intentarían dañar mi imagen. Lo único que hubo es un acto de solidaridad”, concluye el documento.
Cabe señalar que el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón no es el único tema por el que se asocia a Perú Libre con Los Dinámicos del Centro, ya que la presunta organización criminal también tendría que ver con parte del financiamiento de la campaña del partido del lápiz.
De acuerdo con la fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, miembros de Los Dinámicos del Centro habrían buscado introducir fondos ilícitos a la campaña electoral de Perú Libre.
Por ello, Bautista sustentó un pedido de 36 meses de prisión preventiva para 20 personas acusadas como integrantes de la presunta banda criminal, luego de citar un acta de transcripción de un aspirante a colaborador eficaz presentada en octubre del año 2020. Según el documento, hubo una orden para que el Gobierno Regional de Junín capte una mayor cantidad de postulantes para la obtención de licencias de conducir de manera ilícita, y así obtener dinero para la campaña.
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