34 congresistas electos no entregan sus reportes de gastos de campaña

De las 130 personas que resultaron electas para el siguiente Parlamento, 34 incumplieron con la ley, al no haber presentado su primer informe de ingresos y gastos de campaña, cuyo plazo venció el pasado 19 de marzo.

Estos virtuales congresistas pertenecen a siete partidos políticos: Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú.

En buena cuenta, solo se salvan el Partido Morado, Juntos por el Perú y Somos Perú, grupos políticos que, por lo demás, tienen pocos representantes.

El partido con más omisos

El partido Perú Libre, que lideran el sentenciado corrupción Vladimir Cerrón y el ahora candidato presidencial Pedro Castillo, tiene el mayor número de representantes electos que incumplieron la ley: son 16 en total, según la plataforma Claridad, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De los 37 virtuales congresistas por Perú Libre, los 16 que no presentaron sus informes representan casi la mitad del grupo. La consecuencia directa es que sus electores no podrán saber quiénes financiaron sus respectivas campañas.

La región Moquegua tiene solo dos congresistas electos y son de Perú Libre: Jorge Coayla y Víctor Cutipa. Ambos incumplieron con presentar el informe de ingresos y gastos.

Algo similar ocurre con Apurímac, región que también tiene solo dos representantes y ambos son de Perú Libre: Paúl Gutiérrez y María Taipe. Tampoco presentaron sus reportes.

En buena cuenta, los ciudadanos de estas dos regiones no tendrán claridad sobre quiénes fueron los aportantes de las campañas de sus congresistas.

La República solicitó la versión de esta organización, a través de sus cuadros directivos y responsables de comunicación, sin tener respuesta.

Lampa sin transparencia

El segundo partido con el mayor número de omisos en la entrega de sus reportes es Acción Popular. Son seis los legisladores electos que incumplieron con la normatividad vigente.

Raúl Doroteo Carbajo, elegido por Ica, declaró a esta redacción que esa responsabilidad recaía en el personero y no tenía la información sobre si cumplió o no con la entrega del informe.

Darwin Espinoza Vargas, quien representará a la región Áncash, sí reconoció no haber presentado el informe y declaró que fue por desconocimiento.

“Yo estoy subsanando el día de mañana. Esto se debe al desconocimiento del personero que no nos ha comunicado. Todo está debidamente sustentado, mañana mismo voy a presentar”, declaró.

Los otros omisos

Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, tiene a cuatro elegidos como futuros congresistas que incumplieron la ley.

Rosío Torres Salinas, elegida por Loreto, admitió también que no entregó el reporte. “Es cierto, no hice la presentación previa del informe, pero ya tengo el informe final y estamos dentro de los plazos”, declaró.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, tiene también a cuatro personas electas que incumplieron con la ley, según la plataforma Claridad de la ONPE: Mery Infantes Castañeda, Ana Obando Morgan, Raúl Huamán Coronado y Víctor Flores Ruiz. Este diario pidió la versión del partido, sin tener respuesta.

Los otros tres grupos políticos con políticos omisos son Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú (ver lista).

Particular es la situación de la región Áncash, que tiene cinco congresistas y ninguno de los elegidos presentó su primer informe de gastos, con lo cual sus electores no tienen información sobre quiénes los financiaron o qué intereses defienden.

Los cinco políticos omisos son Darwin Espinoza Vargas (AP), Lady Camones Soriano (APP), Nilsa Chacón Trujillo (Fuerza Popular), y Kelly Portalatino Ávalos y Elías Varas Meléndez, ambos de Perú Libre.

Además de todos ellos, otros 16 postulantes elegidos presentaron sus informes fuera del plazo legal (ver cuadro).

Datos

Falta muy grave. José Tello, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), explicó que la Ley 31046 califica como falta muy grave la omisión de la entrega de los informes dentro de los plazos dados por la ONPE.

Sanción. La multa es de 31 a 100 UIT y la pérdida del financiamiento público directo.

Vacío. Tello advierte que hay un vacío en la norma, al no consignar a los candidatos como infractores, sino solo a las organizaciones políticas.

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