Ley 30230 generó millones de pérdidas y debilitó instiucionalidad ambiental y tributaria. Esta norma, conocida como ‘paquetazo ambiental’, representa un caso de captura política del Estado.,En el marco de la presentación de la publicación: “Cuando el poder extractivo captura el Estado: lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú”, del investigador y experto en grupos económicos, Francisco Durand, y que contó con el apoyo de Oxfam en Perú, se discutieron procesos de captura política en el país, así como los efectos negativos de la Ley 30230 (julio, 2014), conocida como ‘paquetazo ambiental’. En opinión del investigador, la norma, cuyo principal impulso llegó del sector privado, es una prueba clara de captura del Estado por una élite de poder económico compuesta por gremios empresariales, medios de comunicación y think tanks. La citada ley, cuyo objetivo según su nombre lo indica fue “establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, legisla a través de 65 artículos en una serie de ámbitos que van desde el ambiental, social y tributario. En el aspecto tributario, la ley es negativa por varios factores, opina Francisco Durand. “Concede una amnistía en el caso de deudas tributarias pendientes de pago, sea cual fuere el estado en que se encuentren, con lo cual reduce la capacidad de sanción a los malos contribuyentes. Además, condona deudas que incluyen el pago de las pensiones y aportaciones al sistema nacional de salud, lo que puede ser considerado inconstitucional, en tanto esta clase de recursos son derechos inalienables”, explica. Por último, Durand resalta el hecho de que se haya suspendido la Norma XVI del Código Tributario, que calificaba la elusión tributaria, recortando esta capacidad supervisora y sancionadora de la Sunat. Más allá de la dimensión tributaria, la cuestionada ley recortó por tres años la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), limitando la posibilidad de multar a las empresas solo en casos excepcionales. Según Milagros Salazar, directora del portal periodístico Convoca, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental bajo esta norma, con graves efectos ambientales y económicos: “Con la ley 30230 se premió el mal comportamiento de empresas y se dejó de cobrar a empresas mineras y petroleras hasta S/.55 millones en sus primeros ocho meses de aplicación, si se toman en cuenta las resoluciones de sanción ratificadas por el OEFA”, explicó Milagros Salazar. Finalmente, Vladimir Pinto, coordinador del programa de Derechos Territoriales de Oxfam en Perú, recordó que el Título III de la Ley 30230 estableció “procedimientos especiales para el saneamiento físico legal”. Según precisó, ello permite que los diversos proyectos de inversión accedan a territorios rurales de manera expeditiva, recortando poderes de la Sunarp, acelerando plazos y procedimientos, y relativizando el necesario ordenamiento territorial. “En un país donde cada sector estatal opera con su propio catastro, esta situación pone en riesgo la propiedad de miles de pequeños campesinos/as e incluso de comunidades campesinas y nativas que aún no han legalizado la propiedad colectiva de sus territorios”, advirtió Pinto. En esa línea, sostuvo que los retos del nuevo gobierno deben estar marcados por una agenda abierta frente a la Ley 30230 y las posteriores normas que la reforzaron. “Es necesario repensar la institucionalidad ambiental debilitada con la 30230, así como el ordenamiento territorial como el mejor sistema de prevención de conflictos socioambientales. No se puede seguir con lógicas cortoplacistas, como las que se han impulsado en los últimos 20 años, pues no han generado resultados satisfactorios ni justos”, dijo.
