Por: Santiago Roca Si bien la estabilización y la promoción de la inversión pública y privada han permitido retomar la senda del crecimiento económico aún hay muchos elementos que mejorar especialmente en el funcionamiento de los mercados y una menor desigualdad económica y social; lo que permitiría darle sustentabilidad al crecimiento económico en el largo plazo, elevar los niveles de ahorro interno, aumentar el empleo y mejorar la distribución del ingreso. Esta premisa implica emprender reformas económicas, institucionales y sociales que, reconociendo la importancia de la estabilidad macroeconómica, el funcionamiento de los mercados y la inversión privada, se dirijan a reducir la vulnerabilidad de la economía, a desarrollar la capacidad productiva y a corregir las carencias sociales que la simple estabilidad “macro” y las señales del mercado no pueden enfrentar. La dirección de estas reformas no necesariamente implica acentuar la liberalización o incrementar la injerencia estatal, sino, según sea el caso, implementar medidas que permitan la asignación eficiente de los recursos y la eficiencia distributiva. Así por ejemplo, en el caso concreto del sistema financiero, se debe tender hacia una mayor supervisión de los flujos de capitales, dada la inestabilidad que estos pueden generar. En cambio, en lo que respecta al gasto público, es conveniente, por ejemplo, combinar el esquema de subsidio a la oferta con el de demanda, en servicios tales como educación, salud, etc. y lograr que la participación supervisada del sector privado eleve la eficiencia e incorpore la racionalidad en estos servicios. Hay, además, una amplia gama de políticas sectoriales que no han sido desarrolladas y deben resolver las imperfecciones de los mercados (incluida la inexistencia de algunos mercados), la falta de instituciones y regulación, además de las “fallas del mercado” generadas por débil cooperación y coordinación, externalidades negativas y carencia de bienes públicos, entre otros. Evidentemente, para corregir estos defectos mediante la acción estatal conviene que se corrijan también aquellas que el propio Estado puede generar, ya sea por el clientelismo político u objetivos burocráticos. La solución, en todo caso, pasa por encontrar el equilibrio entre el mercado y el Estado, de modo que el sistema no falle por defecto de uno ni por exceso del otro. La existencia de fuertes externalidades negativas, altos costos fijos, indivisibilidades de los proyectos e incertidumbre respecto de la rentabilidad de las inversiones en innovación y tecnología justifican la intervención estatal, especialmente a través de la reasignación del gasto en ciencia y tecnología, la creación de fondos de estabilización y riesgo, el apoyo y la asistencia técnica directa y la aplicación de mecanismos de protección temporal en sectores con gran potencial de generación de valor y sostenimiento de su capacidad competitiva. Del mismo modo, el desarrollo de conglomerados o encadenamientos industriales es una fuente muy importante de “competitividad sistémica”, resultado de las sinergias y externalidades generadas en las diversas empresas o etapas de producción de la cadena productiva. Este ejemplo de complementariedad y alianza estratégica debe aplicarse en la política sectorial a través de la acción conjunta del sector público y del privado. Se trata de evitar que la “mano invisible” del mercado lleve a una especialización basada en actividades extractivas y lograr que la acción del mercado en conjunción con la conducción del Estado creen las ventajas competitivas de mayor creación de valor que la nación necesita. Por último, las carencias sociales hacia los más débiles y menos favorecidos se enfrentarán dotándolos progresivamente de los instrumentos que requieran para su progreso y/o de la asistencia mínima que permita su sobrevivencia e inclusión en la sociedad.
