El 2 de mayo el Congreso aprobó de la ley que habilita el retiro total de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), esto ha generado gran expectativa entre los trabajadores peruanos. La normativa, que ahora espera la decisión de la presidenta Dina Boluarte, podría significar un importante alivio económico para miles de empleados del sector privado.
La propuesta ahora espera ser promulgada u observada por el Ejecutivo. Con un plazo definido para su decisión, los trabajadores aguardan para disponer de sus ahorros acumulados frente a las necesidades urgentes. Por lo pronto, este 15 de mayo es el último día de plazo para que las empresas realicen el depósito respectivo del beneficio.
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La fecha límite para que la presidenta Dina Boluarte tome una decisión sobre la promulgación de la ley que permite el retiro del 100% de los fondos de CTS es el 24 de mayo de 2024.
Una vez que la ley sea publicada en El Peruano, el Ministerio de Trabajo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 10 días calendario desde su entrada en vigor.
Los depósitos de la CTS se efectúan dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre. Esta regularidad asegura que los trabajadores dependientes acumulen un fondo de reserva que ofrece protección económica en situaciones de desempleo.
Cabe resaltar que la CTS es intangible. Solo se permite su retiro bajo condiciones específicas dictadas por la ley, como el término de la relación laboral del empleado.
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Hasta el momento, el gobierno de Boluarte ha adoptado una postura cautelosa. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó, en una conferencia de prensa, que el Ejecutivo se encuentra evaluando detalladamente la situación.
Sin adelantar detalles, mencionó que aún no hay una decisión concreta: “El Gobierno está en proceso de evaluación. Todavía no tenemos una decisión que informar. Estamos dentro del plazo”, señaló.
Los empleadores del sector privado en el Perú son los responsables de realizar estos depósitos semestrales. Esta obligación se extiende a todas las empresas que cuentan con trabajadores bajo régimen de la actividad privada, lo que garantiza así una protección económica fundamental para el trabajador.
La sanción económica para las empresas que incumplan con el depósito de la CTS varía según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados.
Las multas oscilan entre los S/566 y S/134.518, lo que representa un mecanismo de presión efectivo para asegurar el cumplimiento de esta importante obligación patronal. La Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad responsable de aplicar las multas y para determinarlas toma como base la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente, que es de S/5.150.