Indecopi en contra de reducir multas por conductas anticompetitivas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se mostró en contra del dictamen aprobado por la comisión de Defensa del Consumidor la semana pasada. A través de esta modificación se pretende reducir las multas económicas a las empresas que incurran en conductas anticompetitivas en el mercado. El dictamen que se discutirá en el Pleno propone que la evaluación para determinar las multas económicas a las empresas no se hagan en base al grupo económico al que pertenecen, sino solo en base al rubro en el que cometieron la falta. Jesús Espinoza, secretario de la comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, aseguró que una eventual aprobación de esta norma le reduce las capacidades de lucha a Indecopi contra las malas prácticas en el mercado. "Si un cártel ocurrió en el mercado de shampoo y el 10% de sus ingresos (de una empresa) es S/ 100.000, solamente se podría multar con esa cantidad. Pese a que la empresa tiene ingresos de otras actividades económicas y forma parte de un grupo económico. Es como si uno tiene una deuda y tiene tres trabajos y solo te consideran el ingreso de uno de tus tres trabajos. En realidad se debería considerar toda tu capacidad financiera para el pago de tu deuda y no solo uno de los ingresos", explicó Espinoza a La República. El representante de Indecopi lamentó que esta iniciativa vaya en dirección opuesta a otras propuestas que discute el Congreso como la penalización de los empresarios que incurran en conductas anticompetitivas. "Esto le quita 'dientes' a Indecopi e incentiva a las empresas a realizar conductas anticompetitivas. Lo óptimo en una regulación es que las multas sean superiores a los beneficios. Esta debería ser la regla. (...) Si el Congreso está discutiendo el endurecimiento de sanciones para este tipo de prácticas, ¿cómo es posible que proponga reducir las sanciones? Esto no favorece las políticas de competencia", dijo.❧ La clave Según explicó Indecopi, la mayoría de países de OECD, y otros con experiencia en la aplicación de leyes de libre competencia, no consideran los topes de multa en función del producto o actividad específica sino en función de los ingresos.