Cuando dos Estados están en desacuerdo sobre el tratado de su frontera o cuando una nación alega que otra ha violado algún tratado internacional, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, para solucionar sus problemas de forma pacífica.
Este organismo fue establecido por la Carta de las Naciones Unidas, firmada 26 de junio de 1945, para ahondar en la búsqueda de uno de los objetivos principales de la ONU: “lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.
La Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte de La Haya, está integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes. Se los elige por sus méritos y no por su nacionalidad, y se intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo, es decir, no puede haber dos magistrados que sean de un mismo Estado.
La Corte Internacional de Justicia esta compuesta por 15 magistrados. Foto: AFP
Los magistrados cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos, pero mientras dure su mandato no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación ni tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad.
La Corte Internacional de Justicia puede examinar y decidir sobre una controversia entre Estados cuando las naciones implicadas han aceptado su competencia. Esto puede realizarse a través de tres vías:
La Corte tiene una doble función: en primer lugar, resolver, de conformidad con el derecho internacional, las controversias jurídicas entre Estados que le sean sometidas (procedimiento contencioso) y, en segundo lugar, emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que le sean remitidas por órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas debidamente autorizados (procedimiento consultivo).
La Corte Internacional de Justicia o Corte de La Haya cumple dos funciones principales. Foto: Cancillería
Solo los Estados pueden comparecer ante la Corte Internacional de Justicia en casos contenciosos, ya que el Tribunal no tiene competencia para conocer de las solicitudes de particulares, organizaciones no gubernamentales, empresas o cualquier otra entidad privada.
En ese sentido, no puede brindarles asesoramiento legal ni ayudarlos en sus tratos con las autoridades nacionales. Sin embargo, un Estado puede tomar el caso de uno de sus nacionales e invocar contra otro Estado los daños que su nacional alega haber sufrido a manos de este último; la disputa se convierte entonces en una entre Estados.
Solo los Estados pueden presentar sus casos ante La Haya. Foto: Cancillería
Las sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia o por una de sus Salas son vinculantes para las partes interesadas, ya que el Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas establece que “todos los miembro de las Naciones Unidas se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en cualquier caso en que sea parte”, es decir, las sentencias son definitivas e inapelables.
Si existe una controversia sobre el sentido o alcance de una sentencia, la única posibilidad es que una de las partes solicite una interpretación a la Corte. En caso de que se descubra un hecho hasta ahora desconocido por el Tribunal que pueda ser un factor decisivo, cualquiera de las partes puede solicitar la revisión de la sentencia.
En cuanto a las opiniones consultivas, suele corresponder a los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas solicitar que las hagan efectivas o no, por el medio que estimen conveniente.