Florida aprueba la Ley Coastal Link tras accidentes con trenes Brightline: las nuevas medidas de seguridad ante choques

En septiembre de 2024, un accidente en el condado de Broward, Florida, causó gran conmoción cuando un vehículo quedó atrapado en las barreras de paso de un cruce ferroviario y fue impactado por un tren de Brightline. Aunque la conductora sobrevivió, el incidente generó críticas por la falta de una señalización adecuada y eficaz en los cruces. Este siniestro se sumó a otros accidentes similares, como el atropello de un peatón en Delray Beach, lo que motivó la creación de nuevas medidas legales para mejorar la seguridad en las rutas de trenes.

La aprobación de la Ley del Servicio de Trenes de Cercanías Coastal Link se convierte en una respuesta a estos eventos, con el objetivo de proteger a las víctimas de accidentes ferroviarios y mejorar la regulación del servicio de Brightline. La ley introduce nuevas disposiciones que permiten un mejor manejo de los riesgos y responsabilidades por parte de las agencias estatales y locales.

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Cambios clave en la Ley Coastal Link

La nueva ley permitirá que las agencias estatales y locales contraten seguros para cubrir los daños causados por accidentes en los cruces ferroviarios, incluso cuando la responsabilidad sea total o parcial de operadores privados como Brightline. Esta medida busca garantizar que los costos de los accidentes no recaigan exclusivamente sobre el presupuesto público, al permitir una mayor distribución de los riesgos financieros en las asociaciones ferroviarias.

Además, en caso de colisiones causadas por mala conducta intencional que superen los US$ 5 millones en daños, Brightline deberá cubrir una cantidad equivalente. Esto se introduce para mitigar los efectos de grandes accidentes y evitar que el costo de las tragedias se transfiera completamente a las autoridades estatales.

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El impacto de la ley sobre la inmunidad soberana

Una de las disposiciones más relevantes de la ley es que Brightline y la Florida East Coast Railway (FECR) no son considerados funcionarios, agentes ni empleados del estado, lo que implica que no reciben protecciones de inmunidad soberana. Esto significa que las compañías no podrán escudarse en la inmunidad del estado para evitar la responsabilidad, y los límites legales de responsabilidad no se aumentarán en su favor.

Esta medida busca asegurar que las empresas ferroviarias asuman su responsabilidad en los accidentes y compensen adecuadamente a las víctimas.