Redadas de ICE: qué dice la ley SB54 y por qué detiene la intervención de inmigrantes en California

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido una preocupación constante para la comunidad inmigrante en California. Frente a esto, la Ley SB 54 se ha convertido en un escudo legal que limita la intervención federal en el estado, protegiendo a miles de personas de posibles detenciones y deportaciones.

Esta legislación busca establecer una separación clara entre las agencias locales y federales, asegurando que las autoridades estatales no colaboren en acciones migratorias que puedan afectar a sus residentes. Así, se promueve un ambiente de mayor seguridad y confianza en la comunidad.

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¿Qué dice la ley SB54?

Según el texto oficial de la Ley SB 54, también conocida como la “Ley de Valores de California”, esta normativa prohíbe a las agencias estatales y locales cooperar activamente con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esto incluye limitar la participación en detenciones, interrogatorios y la transferencia de información personal relacionada con el estatus migratorio.

La ley fue promulgada para proteger los derechos de los inmigrantes y reducir el miedo a las deportaciones, promoviendo que los residentes tengan acceso a servicios básicos y puedan interactuar con las autoridades locales sin temor a ser detenidos por motivos migratorios, según lo establecido por el gobierno del estado de California.

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¿Cuáles son las principales disposiciones de la ley?

Según la fuente oficial del estado de California, la Ley SB 54 establece varias disposiciones clave que regulan la relación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Entre las más importantes se encuentran:

• Prohibición de indagar sobre el estatus migratorio durante operativos o detenciones.
• Impedimento para arrestar a alguien únicamente por tener una orden de deportación o violaciones migratorias menores.
• Restricción en el intercambio de información personal, salvo que sea de dominio público.
• Prohibición de retener a inmigrantes en cárceles locales para facilitar su detención por parte de ICE.
• Limitación en las entrevistas sin consentimiento escrito de la persona detenida.
• Protección de datos sobre fechas de liberación o transferencia, excepto en casos de delitos específicos.