La Ley de Libro otorgará el derecho a leer a nuestros niños

El derecho a leer o el IGV; ley del libro

Por Javier Arévalo.

Las secciones de ecomomía de nuestra prensa deberían estar atentas a la aprobación por parte del Congreso de la Ley del Libro. Una norma como el Plan Lector Nacional movilizó al sector editorial del libro infantil y juvenil y lo hizo crecer desde el 2006 hasta hoy quizá en seis veces, pero solo impactó en el sector privado. Si la Presidencia de la República promulga la Ley del Libro que el Congreso le ha pasado de taquito, el presidente Martín Vizcarra se anotará un golazo en el abandonado espacio del sector público.

Por su lado, el Ministerio de Educación (Minedu) y las administraciones de Educación Regional tendrán la obligación, por ley, de hacer efectivo el derecho que tienen ocho millones de niños y quinientos mil profesores, a leer: eso supondría crear el Servicio de Biblioteca Escolar en el Minedu con responsables de dotar a cincuenta mil escuelas del recurso que durante décadas les ha sido negado.

Durante años, la Cámara Peruana del Libro impulsaba leyes del libro enfocadas en la reducción de impuestos, porque dado que siempre fue una cámara controlada por importadores, no pagar impuestos para traer saldos resulta interesante.

El impacto de la reducción del IGV al libro en la generación de nuevos lectores es nulo, no promueve la lectura, ni siquiera promueve la compra: los lectores con recursos compran libros de todo precio sin importarles el IGV.

No existe país desarrollado en el mundo que niegue el servicio de biblioteca escolar a sus niños y maestros, pero en el Perú solo puede leer un niño con padres que pueden comprar libros. Ni en París ni en Pekín, ni en Otawa ni en Oslo, los niños necesitan tener dinero para leer, sus países les dicen: ¿quieres leer? ve a tu biblioteca.

Las compras anuales para libros de biblioteca impactan en las industrias editoriales de los países desarrollados.

El desarrollo de hábito lector, por otro lado, impacta en las economías porque produce personas capaces de cumplir sus ciclos escolares y académicos, y de mantener su continua preparación y capacitación.

Con siete de cada tres adolescentes peruanos en condición de analfabetismo funcional, pocos son los que pueden realmente desarrollar plenamente las capacidades intelectuales que necesitan para terminar su formación profesional.

Si la Presidencia promulga la Ley del Libro, y las administraciones locales destinan los fondos que requiere implementarlas (cada región devuelve anualmente en promedio el 40% de sus recursos por falta de proyectos: aquí tienen uno) la industria editorial recibirá una inyección de recursos como nunca ha ocurrido y nuestros niños y maestros podrán por fin hacer efectivo su derecho a leer.

Con más lectores, las editoriales tendrán más consumidores: y hasta los importadores pagarán sus impuestos con gusto porque tendrán en el futuro a una mayor cantidad de gente a quien venderle sus libros: siempre debió ser así.