Corte Penal inicia investigación al gobierno de Maduro

Por posibles abusos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, la CPI abrió un examen preliminar a Venezuela. Ejecutivo de ese país rechaza decisión. Mientras, la oposición aún no ha decidido si participará en elecciones del 22 de abril.

9 Feb 2018 | 13:20 h

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores. El Gobierno rechazó "de manera firme y categórica" esa decisión.

Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron "con frecuencia" una "fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones" y detuvieron y encarcelaron "a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes". Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional.

El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron "presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato".

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La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también que "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.

RESPONDE MADURO

"Durante los meses de abril a julio del año 2017 el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el Gobierno", dice un comunicado de la Cancillería.

Caracas asegura que las protestas dejaron daños al patrimonio nacional, así como más de 120 muertos, "civiles y uniformados". "Sorprende la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte", reza la nota oficial en la que se señala que a pesar de ello Venezuela dará "su plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados".

Fuentes de la corte negaron con rotundidad que el examen preliminar esté relacionado con la convocatoria de elecciones en Venezuela, anunciadas para el 22 de abril, aunque reconocieron que "los tiempos" y el "actual debate político" convierten al país latinoamericano en un tema "muy sensible" para el tribunal.

OPOSICIÓN EN DUDA

La oposición venezolana no ha decidido si participará en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 22 de abril tras denunciar que no están dadas las garantías de transparencia para esta contienda en la que el jefe del Estado, Nicolás Maduro, buscará la reelección.

Un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara la fecha de los comicios, la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha tomado una decisión conjunta, pese a que hay varios precandidatos que presionan para acudir a estas votaciones con un aspirante unitario.

La MUD se negó esta semana a firmar un documento surgido del proceso de diálogo con el Gobierno en República Dominicana al considerarlo insuficiente en cuanto a garantías electorales y a otros temas tratados.

Maduro aseguró que está dispuesto a seguir conversando dentro de un diálogo que, ha dicho, seguirá abierto pese a que el presidente dominicano, Danilo Medina, lo declaró en "receso indefinido".❧

Líder español pide a oposición que firme acuerdo con el Ejecutivo

- El ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero difundió una carta pública en la que, quien hizo de mediador entre la oposición y el Gobierno venezolano por dos años, se refiere a la negativa de los primeros en firmar el acuerdo "que ya fuera estudiado y trabajado por ese largo tiempo". Considera que fue inesperado para él que no se firme el documento.

- Zapatero envía la carta y pide "pensando en la paz y la democracia que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad del acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo".

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