Gobierno y Sunat embargan y retienen pagos a Odebrecht por S/ 200 millones

Asfixiados. Medidas afectan a la empresa constructora brasileña, pero también a 7,000 empleados y 620 proveedores que no podrán cobrar en marzo por los servicios prestados. Todos esperan que se reglamente el Decreto Supremo 003-2017.

Esta asfixia podría traer consecuencias para terceros vinculados a Odebrecht sin responsabilidad en el pago de sobornos

Esta asfixia podría traer consecuencias para terceros vinculados a Odebrecht sin responsabilidad en el pago de sobornos.

Postura. Procuradora Katherine Meza no acepta diálogo

Postura. Procuradora Katherine Meza no acepta diálogo.

César Romero

El Estado ya ha logrado retener, a través de embargo de cuentas y suspensión de pagos, más de 200 millones de soles al grupo Odebrecht en el Perú, como supuesta previsión de futuras reparaciones civiles por actos de corrupción o evasión tributaria en el país.

El monto puede aumentar considerablemente en los siguientes días, según voceros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de Justicia que han explicado la situación.

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Sin embargo, esta situación podría traer consecuencias no previstas, sociales y económicas para terceros vinculados a Odebrecht que no tienen ninguna responsabilidad en el pago de sobornos: empleados y proveedores.

Tal vez a esto se refería el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando, ante una pregunta de un periodista de La República sobre la salida de Odebrecht del país, respondió: “es una empresa muy grande que tiene varias obras en marcha en el Perú y, obviamente, lo que debe haber es una salida gradual. (...) Estamos viendo cómo se retiran sin hacer daño a los proyectos”.

Retención de pagos

Mientras no se tome una decisión, Odebrecht seguirá siendo ajustado hasta la asfixia, pues aún está pendiente de reglamentar el Decreto de Urgencia N° 003-2017 que crea un fideicomiso sobre las utilidades y la venta de bienes, de las empresas que admitan haber cometido actos de corrupción en el Perú o reciban una condena por este delito.

Se supone que el reglamento debería establecer un tope mínimo y máximo del fideicomiso o de los fondos que deben permanecer en el país para el pago de reparaciones, explican en el Ministerio de Justicia. Como esto no está definido, hoy cada sector donde operan las empresas del grupo Odebrecht retiene lo que le parece.

Las retenciones de pagos, en los IIRSA, la hidroeléctrica de Chaglla, gobiernos regionales y otros, hasta la semana pasada eran de 85 millones de soles.

Por ejemplo, Electroperú habría retenido hasta el 40% de lo que paga por la energía eléctrica que se genera en la central eléctrica de Chaglla, lo que podría afectar el funcionamiento de la central si no puede pagar a sus proveedores.

Cuentas congeladas

En tanto que la SUNAT está congelando cuentas en aplicación del artículo 58 del Código Tributario, que autoriza a la entidad a realizar embargos preventivos, cuando se advierta riesgo de incumplimiento en el pago de sus deudas por el contribuyente.

Las empresas del grupo Odebrecht no tendrían deudas tributarias pendientes, pero como se supone que podrían tener problemas para pagar los impuestos futuros, por los procesos penales en trámite, les han embargado cautelarmente sus cuentas bancarias por más de 15 millones de soles.

Previamente, hasta diciembre, la SUNAT había adoptado medidas cautelares por otros 173 millones de soles a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú, Odebrecht Latinvest Ductos, H2Olmos y el Consorción Constructor Ductos del Sur, por reclamos pendientes en el pago de impuestos del 2010 al 2014.

¿Quién paga?

Sin embargo, como advierten los proveedores, esta situación podría degenerar en un problema mayor. De mantenerse la serie de embargos en marzo, Odebrecht no tendrá liquidez para poder seguir pagando los sueldos y honorarios a sus 7,000 trabajadores. Los empleados tampoco podrán retirarse de la empresa porque no les podrán pagar sus beneficios.

La misma situación se repite con los proveedores. En febrero, Odebrecht ya ha tenido problemas para cancelar unos 34 millones en servicios o bienes prestados por 620 proveedores, que van desde bancos, compañías mineras, grifos y aseguradores hasta pequeños proveedores de papel, alimentos, hoteles, servicios de luz y agua.

La repercusión podría afectar en cadena a la economía nacional, pues estas pequeñas empresas también tienen empleados y proveedores que se verán afectados si la situación persiste.

Reportes recibidos en los últimos días por La República, que no han podido ser confirmados, indican que dos campamentos del paralizado Gasoducto del Sur fueron tomados o saqueados por proveedores desesperados por falta de pagos.

Entre los proveedores de la constructora brasileña aparecen Agroindustrial Paramonga, Bureau Veritas Nort América, Centro Diesel del Perú, Colegio Militar Leoncio Prado, Compañía Minera Antamina, Copex Com, Derco Perú, DP World Callao, ElectroLima, Electro Sur Este, Electro Centro, LC Bure, Latam, entre otros.

En la empresa Odebrecht no quieren hablar de la crisis generada por las retenciones y embargos, pues esperan una pronta respuesta del gobierno.

A cualquier consulta, sus funcionarios responden “reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades y prestar todas las aclaraciones necesarias en el ámbito de las investigaciones”.

En el Ministerio de Justicia y el MEF indicaron extraoficialmente que esta semana se reglamentará el Decreto Supremo 003-2017 y que todos los trabajadores y proveedores serán atendidos.

En las regiones

En enero, en una entrevista con La República, el actual director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, señaló que están dispuestos a retirarse del país, pero pedía que se les permita irse sin afectar a sus trabajadores y proveedores, pero están teniendo trabas para lograrlo.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones podría ser vendido a las empresas Suez y Brookfield casi de inmediato por 34 millones de dólares, unos 110 millones de soles; sin embargo, el Gobierno Regional de Lambayeque no da su visto bueno y los consejeros regionales hablan de expropiar el proyecto, lo que no está permitido por la ley y puede terminar por asustar a otros inversionistas.

Odebrecht también ha tenido que desistir de vender su participación en Chavimochic y plantear un arbitraje para evitar que se ejecute la carta fianza y para dar por terminado el contrato, con la paralización total de las obras y la pérdida de dos mil empleos.

El gobierno regional del Cusco también pretende ejecutar una carta fianza por un proyecto totalmente concluido y entregado, lo que habría causado alarma a una importante reaseguradora de Estados Unidos que deberá pagar la fianza, sin saber exactamente qué es lo que pasó. 

A la fiscalía le preocupa la colaboración eficaz

Otro sector en donde hay preocupación por lo que viene sucediendo con Odebrecht es en el Ministerio Público. Odebrecht y sus funcionarios se han acogido a la colaboración eficaz y han delatado a funcionarios corruptos en el país, pero el proceso está a punto de paralizarse pues la procuraduría ad hoc, dependiente del Ministerio de Justicia, no quiere hablar de reparaciones civiles para cerrar la colaboración.

La procuradora Katherine Milagros Ampuero Meza se niega a dialogar con la empresa para fijar la reparación civil que selle el acuerdo de colaboración eficaz. El temor de la fiscalía es que Odebrecht se retire del país antes de cerrar la colaboración eficaz, pues entonces todos los tratos tendrían que realizarse a través del Ministerio Público de Brasil.

También preocupa que otras empresas se nieguen a colaborar al ver lo que ha sucedido con Odebrecht. En Brasil, la justicia ha logrado la cooperación de las empresas corruptoras permitiéndoles seguir existiendo, pero bajo controles para que no vuelvan a cometer delitos.

En el Perú, se les da el mensaje de que mejor guarden silencio. Las otras empresas brasileñas también investigadas en Brasil, pero que no han delatado en el Perú, siguen operando con normalidad, cobrando y vendiendo sus activos.  

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