José Ugaz conversó con La República sobre el caso Odebrecht y las coimas que, ha admitido la constructora, pagó a funcionarios peruanos para la obtención de contratos. Los fiscales brasileños del caso Lava Jato le dijeron –hace unas tres semanas– que la información detallada sobre el Perú podría ser compartida a mediados del año entrante, hacia octubre. Según Ugaz, lo que va a llegar desde el Brasil va a suponer un cataclismo político "de grado nueve". Y advierte dos cosas que vale tomar en cuenta: los 29 millones de sobornos declarados por Odebrecht van a quedar pequeños cuando la investigación avance. Y segundo, hay que echarle un buen ojo a los contratos celebrados durante el gobierno fujimorista. PUEDES VER: Urge crear comisión que investigue compras en gestión de Salgado El informe del Departamento de Justicia de Estados señala que Odebrecht pagó, en sobornos, 29 millones de dólares. Eso entre los años 2005 y 2014. Se antoja una cifra pequeña, ¿no es verdad? La constructora ha tenido muchos negocios en el Perú. Hay que entender que (el de Estados Unidos) es un acuerdo marco. No está toda la información. Es más, el informe cita dos casos como ejemplos. Pero si uno revisa la cartera que ha tenido Odebrecht en el Perú, llegamos a unos 12 mil millones de dólares. El soborno es una práctica sistemática que, normalmente, oscila entre un 5 y un 10% por obra. Eso significa que estamos hablando, al menos, de 600 millones de dólares, aunque la cifra podría llegar hasta 1,200 millones. Esto es pura especulación y las investigaciones tendrán que definir la cifra final. 29 millones es una cifra demasiado corta, entonces. Absolutamente. Estoy seguro de que ese no es el total. Esos 29 millones están referidos a los ejemplos que se colocan en el documento. Lo que viene ahora es una investigación más detallada. Además hay que tener en cuenta que Odebrecht opera desde la década de los ochenta en el Perú. Exactamente. Por eso yo creo que habría que investigar hacia atrás también, desde mucho antes del gobierno de Alejandro Toledo. Hasta donde se sabe, estas empresas, desde que llegaron al Perú, estuvieron envueltas en malas prácticas. ¿Cómo debe investigarse un caso de esta magnitud? Es un megacaso. La Fiscalía, tengo entendido, formó un grupo de fiscales al mando de Hamilton Castro para realizar estas investigaciones. Pero si esto sigue creciendo en volumen, como entiendo que ocurrirá, sería necesario nombrar a un equipo especial de fiscales con su propia infraestructura y asistentes, para avanzar en algo que es tan prioritario. La reacción de los políticos que han empezado a ser observados se siente demasiado tibia hasta el momento. Los ex presidentes no han dicho nada, salvo Alan García vía su cuenta de Twitter. Y apenas dijo que se sentía indignado. ¿Le sorprende? No. Creo que se percibe mucha incertidumbre, ha sido algo muy inesperado, ¿no es cierto? Quienes están involucrados en este gran escándalo acaso nunca pensaron que una persona como Odebrecht iba a terminar preso y condenado y que luego, encima, iba a empezar a hablar sobre sus negocios. Nadie se imaginaba que hoy día se conocería al detalle cómo la empresa operaba a nivel interno, se sabría de la estructura que se creó, de las empresas off shore que se conformaron, de los movimientos de dinero entre diferentes países. Por tanto, y respondiendo a su pregunta, me parece que la clase política peruana no ha entendido todavía el impacto que esto significa. O quizás hay mucho temor. O es que hay mucho temor por las consecuencias que podrían llegar. Usted ha dicho que el Congreso no debería investigar el caso Lava Jato. ¿Por qué lo considera así? Mire, esa es una posición personal y deseo que quede bien clara. Yo, desde luego, no soy nadie para decirle al Congreso qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. A partir de lo que dije se ha empezado con una campaña, diciendo que no quiero que se investigue porque tengo temor, porque supuestamente sería el abogado de confianza de Odebrecht. Eso lo desmiento. En la lista de clientes de su estudio de abogados aparece una empresa integrante de un consorcio en el que participa justamente Odebrecht. Nosotros somos abogados, o hemos sido abogados, de una empresa peruana de carreteras llamada Ingenieros Civiles y Contratistas (ICGSA), que efectivamente en algún momento estuvo en consorcio con Odebrecht. ¿Y qué tipo de trabajo hicieron para ICGSA? Les absolvimos algunas consultas técnicas, que nada tienen que ver con los temas grandes de infraestructura. Por lo tanto, le aseguro que no tengo vinculación de ningún tipo con este tema. ¿Nunca trabajó usted con Odebrecht? Personalmente, jamás. Y mi oficina, como le digo, tuvo una relación tangencial con un socio menor de Odebrecht para la elaboración de informes técnicos. Eso fue todo. Odebrecht ha trabajado en el Perú con otras firmas de abogados, grandes y muy conocidas, y nosotros no hemos sido ni su estudio de cabecera ni de confianza, ni hemos tenido una relación directa con ellos. Esto es parte de una campaña de ciertos fujimoristas que, con ligereza y excitación, han querido encontrar un filón para cuestionarme por mi opinión sobre que el Congreso debería abstenerse de investigar. Volvamos a la pregunta previa. ¿Y por qué el Congreso no debería investigar el caso? No por temor de mi parte. Es que, desde mi experiencia como procurador, cuando el Congreso abre comisiones investigadoras lo único que hace es entorpecer el trabajo técnico judicial y fiscal, que implica estrategia y capacidad. Lo que se ha visto siempre es que cuando las investigaciones llegan al Congreso se politizan. El Congreso es un foro político y, por lo tanto, sus miembros actúan pensando en los intereses de sus propios partidos, no tanto en los del país. A lo largo de la historia, estas comisiones lo que han hecho es ventilar pruebas, hacer públicos testimonios que deberían ser reservados y perjudicar los procesos. Hay comisiones que convocaron a decenas de personas y nunca llegaron a ninguna conclusión. No recuerdo un solo caso de una investigación en el Congreso que haya derivado en un proceso judicial exitoso. El trabajo que hizo el congresista Juan Pari, en la comisión Lava Jato del Congreso anterior, ha sido destacado por algunas personas informadas. Si uno revisa el texto, sí se presentan indicios importantes. No conozco el informe, no lo he leído. Lo único que le puedo decir es que eso quedó en cero, lo cual confirma mi tesis: uno puede hacer una investigación interesante en el Congreso, pero igual no pasa nada. Pari citó a decenas de personas, y eso me parece técnicamente un error. No conozco la consistencia del informe, como le digo. El informe quedó en nada, como usted dice, porque el Congreso se negó a debatirlo. Eso también es cierto. Bueno, pero eso que usted dice me sigue dando la razón y abona en favor de mi tesis. Como ya mencioné, el Congreso es un foro político y no permite que estas cosas delicadas avancen. Lo que yo le aseguro es que, con casi un año de investigación, el Ministerio Público debe tener muchos más avances. Claro, todo se maneja con mucha reserva y está bien que así sea. Uno no puede estar alertando a los investigados, ni manoseando las pruebas. ¿Por qué no se han dicho los nombres de las personas que han sido beneficiadas con estos 29 millones de dólares? Porque es un acuerdo marco que simplemente ha permitido a Estados Unidos imponer una sanción económica (a Odebrecht). La información al detalle, los nombres, las cuentas, las fechas, las empresas, el destino del dinero, los sobornados, todo eso irá saliendo en la medida que los fiscales en el Brasil vayan avanzando en su trabajo. Luego de que ellos terminen de levantar la información, y eso tomará algunos meses, enviarán todo a los países involucrados. ¿Y eso cuándo sería? Posiblemente hacia el mes de octubre del año que viene, así nos lo comentaron los propios fiscales cuando nos reunimos con ellos en Panamá. No basta que alguien diga que esto fue así o asá. Las declaraciones tienen que ser contrastadas con documentos, verificada con otros testigos. Es algo muy complejo que va a exigir un trabajo muy prolijo. Cada país podrá ir avanzando por su cuenta, comoPerú lo está haciendo, sin embargo el grueso de la información saldrá de Brasil. ¿Qué clase de información cree que llegará de Brasil? ¿Suficiente para un terremoto político? Va a ser un sismo por encima de los nueve grados. Porque, se intuye por el convenio marco de Estados, se trata de funcionarios de muy alto nivel, de rango ministerial hacia arriba. Y eso, le aseguro, va a remecer la estructura de todo el país porque estamos hablando de todas las fuerzas políticas. Como usted bien dice, Odebrecht no solo trabajó en el país a partir del régimen de Toledo. Trabaja desde el gobierno de Fujimori, desde el primer gobierno de García. Es la clase política en general la que estará en abierto entredicho. Este es un problema de la clase política en general. Esto no es responsabilidad de un solo partido. Y eso demuestra que el problema de la corrupción en el Perú no es culpa de una persona. No. Es algo estructural y sistémico. Si las responsabilidades, parece, se repartirán entre autoridades que ejercieron cargos ministeriales hacia arriba, entonces esto podría alcanzar, sin problemas, a Palacio de Gobierno. No tengo ninguna duda de eso. Aunque un ex presidente podría decir: “es mi ministro, pero yo no sé nada”. Eso se verá en las investigaciones. Pero le adelanto. En derecho penal existe lo que se conoce como “ceguera voluntaria”. Si un Presidente ha actuado con “ceguera voluntaria”, eso puede conducir técnicamente hacia una forma de dolo o de comisión por omisión y así generarse una responsabilidad penal. No se habría sabido nada de Odebrecht si es que en Curitiba no empieza una investigación que, en primera instancia, parecía ser algo de mediano alcance. Ha terminado convirtiéndose en un monstruo. Claro, esto empieza, anecdóticamente, como una investigación a cambistas. Uno de los esquemas que utilizó Odebrecht para pagar sobornos fue enviar grandes remesas de dinero a cambistas, quienes luego las convertían en dinero en efectivo que se empleaba para cancelar los sobornos. Hay que recordar que esto no solo afecta al Perú. Estamos hablando de buena parte de la región. No hay más países involucrados porque (a Odebrecht) no se le ocurrió operar en ellos. Le aseguro: país que tocaban, país que corrompían. Y eso habla de que somos una región que hemos convivido con la corrupción desde el origen. Posiblemente eso tiene que ver con el patrón colonialista, que nos acostumbró a una estructura clientelista, la génesis de lo que vemos hoy. ❧ jhonel rodríguez
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024