Al comenzar 2017, la política peruana gira en base al caso Odebrecht, que amenaza la precaria estabilidad de nuestras instituciones republicanas. Como han reconocido sus directivos, esta empresa ha empleado US$ 29 millones en sobornos en el Perú y cantidades semejantes en media Latinoamérica. Incluso, ha sido descubierta una estructura interna de la empresa especializada en operaciones ilegales a escala internacional. Así, el verano político promete ser muy caliente en el Perú y en toda la región.Al formarse la tormenta, hubo quienes estuvieron en contra de una comisión investigadora del Congreso. Pero, antes de que el debate prospere, el legislativo ha cortado por lo sano decidiendo formar la comisión respectiva que se instalará esta semana. La principal razón de los opositores a estas comisiones congresales es que se superponen a la investigación de las Fiscalías especializadas. En principio, éstas siguen procedimientos establecidos y acumulan pruebas con garantías, que permiten luego juzgar y eventualmente sancionar. Mientras que los congresistas carecen de esa especialidad, no solo repiten lo que otro hace, sino que ensucian las pruebas, hacen escándalo y las anulan como elemento judicial. En efecto, esos males son eternos en las comisiones investigadoras del Congreso. Además, y también se ha dicho, estas comisiones son capaces de exagerar las cosas al infinito para tapar o agrandar los asuntos, siempre de acuerdo a su conveniencia política.Pero ellas son indispensables porque son el vehículo de formación de la opinión pública. Son altamente mediáticas y sus posturas contribuyen a formar una clase ilustrada que conduce la agenda nacional. En el fondo, movilizan a la ciudadanía en torno a procesos cuestionables que afectan al Estado. Alrededor de sus temas se forman las posturas que disputan la hegemonía política. En otras latitudes, normalmente los Congresos también poseen esa potestad de formar comisiones investigadoras, que en algunos países son más útiles porque evitan cruzarse con el Poder Judicial o el Ministerio Público. Los Congresos eficientes investigan las responsabilidades políticas y se zambullen en los razonamientos que fundamentan las decisiones. No acumulan estados de cuentas ni rebuscan cheques, sino que indagan sobre las líneas políticas que llevaron a la corrupción. Ejercen control político, permitiendo que jueces y fiscales hagan lo suyo. El problema en el Perú es la constante superposición de funciones, donde varios hacen lo mismo y nadie hace nada. Pero superarla no es tan difícil, basta que alguien entienda y se limite; a continuación, se especializa y legitima su función. En este momento de definiciones del mandato de la comisión congresal, interesa también precisar el período bajo escrutinio, porque tiene enormes consecuencias políticas. Hasta hoy, en todos los escenarios aparece como horizonte temporal desde el 2005 hasta nuestros días. Es decir, los mandatos de Toledo, García y Humala. Pero estas fechas están sesgadas. Odebrecht está en el Perú desde 1979, ha ejecutado grandes obras bajo ocho gobiernos, incluyendo al de Alberto Fujimori, uno de los más corruptos de la historia peruana. ¿Cuál sería la razón para que solamente se investigue a los tres últimos presidentes? Es más, políticamente esas fechas permiten que Keiko Fujimori se presente como la única limpia y desde ahí demoler a todos sus adversarios. Incluyendo a PPK, porque fue ministro de economía y primer ministro de Toledo. También a la izquierda, porque la gestión de Susana Villarán estará bajo la lupa. Esa maniobra se sustenta en las fechas. Si se investiga desde Toledo en adelante, es obvio que el fujimorismo queda limpio. Pero, si se incluye a Alberto Fujimori en la colada, a todos se les verá el fustán.
