A propósito del Día Internacional de la Mujer,Cada cinco años, la celebración del Día Internacional de la Mujer coincide con la campaña electoral y se convierte en una oportunidad para revisar la evolución de la participación política de la mujer y la agenda de género. Desde el año 2000, desde cuando se implementó la ley de cuotas, la presencia de las mujeres en el Congreso se ha incrementado en número y en calidad. El año 2001 se eligieron 22 de 120 parlamentarios; el año 2006 fueron 34 de 120; y en el actual período 28 de 130. Sin embargo, esta presencia no tiene un correlato en otros niveles de gobierno. Solo una mujer fue elegida gobernadora regional el 2014 y muy pocas alcaldesas y regidoras. Esta presencia siempre es objeto de regateo y se advierte especialmente en el momento de la confección de las listas. Según la Asociación Civil Transparencia las listas parlamentarias tienen al 39% de mujeres, 9 puntos más sobre el mínimo requerido, aunque no en todos los casos han sido designadas liderando las listas, en tanto que 10 partidos han colocado a sus candidatas en el último tercio de sus listas. En Lima, por ejemplo, solo 5 de las 18 listas inscritas inicialmente estaban encabezadas por una mujer. De hecho, ningún partido elaboró su lista basado en la alternancia de género en tanto que en diciembre la misma institución había reportado que 5 partidos no incluyeron a mujeres en sus fórmulas presidenciales. A pesar de las dificultades de representación, la agenda de género es una realidad y en ella ocupan un lugar destacado las demandas de políticas sobre la violencia contra la mujer y sus derechos reproductivos. Sobre lo primero, se registra un avance normativo con enormes brechas relacionadas con la prevención, denuncia y acceso a la justicia, y sobre lo segundo, en los últimos años se ha llevado a cabo una inédita movilización en busca de cambios normativos que sin embargo ha sido frenada en el Congreso por sectores conservadores radicales. Aun así, esta actividad pública ha tonificado la búsqueda de sus derechos y libertades. La sociedad y el Estado necesitan reaccionar con resolución frente a esta agenda. La superación del asistencialismo a las mujeres pobres por una política de acceso universal de derechos se ha iniciado aunque con vacilación, por lo que se demanda cobertura, profundidad e innovación. Es el caso de la incorporación de las mujeres al SIS y Pensión 65, los programas de reconocimiento de las mujeres de las comunidades nativas, la lucha contra la deserción escolar y en favor de la incorporación de las niñas a la educación inicial, el acceso al trabajo con enfoque de género, la erradicación del feminicidio y de la violencia sexual, la inclusión financiera, entre otros. Más allá de los tradicionales saludos y el reconocimiento general de su papel en la sociedad, hoy les toca a los (las) políticos (cas) en campaña un compromiso preciso con esa agenda de género en su corto y mediano plazo. No bastan las flores.