Derechos | Humanos. Desde el dolor y la verdad

Por más de veinte años, cientos de mujeres afectadas por la violencia sexual durante la guerra interna permanecieron en silencio. Fueron violadas o ultrajadas por militares o terroristas. Y esos crímenes que dejaron en ellas heridas y traumas imborrables recién empiezan a descubrirse en toda su dimensión.

Por: Nilton Torres

"…los Senchis entraron, durante toda la noche, a golpearme… después comenzó abusarme, violarme, a mí me violaron toda, durante la noche; yo gritaba, pedía auxilio, me metieron pañuelo a mi boca… esa noche me violaron siete…"

G.G. Testimonio ante la CVR. Sucesos ocurridos en el año 1981, Ayacucho.

"Sí pues, sexual nos hacía, nos hacía abuso, y daban pastillas, para no gestar diciendo daban pastillas, amargos nos hacía tomar cuando no queríamos también, a patadas, a patadas nos hacía…"

(M.Q, Ccorisotocc. Testimonio CVR)

"Ahí veía cómo los senderistas les cortaban los senos y les metían cuchillo por la vagina a las mujeres que supuestamente habían sido infieles a sus maridos…"

(Testimonio de Huancasancos. CVR)

El abuso sexual fue una de las violaciones a los derechos humanos practicadas con mayor frecuencia durante la guerra interna. Sin embargo, el registro de estos casos siempre fue escaso. La mayoría de las víctimas no denunció la agresión por temor a represalias, sus dramas permanecieron ocultos y solo el paso del tiempo y el fin de la violencia las animó a contar lo que vivieron y sufrieron.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) precisa que la violencia sexual afectó en abrumador número a las mujeres quechuablantes, de origen rural y campesinas. Es decir, a las peruanas más pobres y olvidadas del país. La CVR registró 527 casos de violación sexual contra mujeres.

Según la doctora Diana Portal, abogada de Demus, estos casos tienen correlación con las historias previas de violencia contra la mujer en el país, por lo que cabe analizar estos hechos como algo que ocurrió antes, durante y después del conflicto.

"Los patrones de discriminación y violencia contra la mujer fueron extremados durante el conflicto armado porque se dio un modelo masculino de militar que intervenía en las zonas de emergencia, donde más bravo era el que más mujeres violaba, donde un ‘arma de guerra’ era la violencia sexual", dice la doctora Portal.

Arma de sometimiento, de tortura, de autoinculpación y sobre todo de humillación. Y no solo contra las mujeres, sino que era una forma de humillar a los varones también.

"El mensaje era: no eres lo suficientemente varón para proteger a tu mujer, a tus hijas, a tu madre, y yo las violo. Una forma de poder esgrimida por los militares, pero también por los subversivos", dice la abogada. Según el informe de la CVR, el 83.46% de las violaciones sexuales fueron cometidas por agentes del Estado, y aproximadamente un 11% por integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA.

Lo que ha abonado en la invisibilización de estos crímenes es que se dieron en el marco de otras violaciones a los derechos humanos como masacres, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. Por ejemplo, en el caso de la matanza en Putis, los sobrevivientes señalan que muchas mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. En la base de datos de la CVR se consigna a 7,426 mujeres como víctimas de desaparición forzada, detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. No se puede afirmar que todas ellas fueron violentadas sexualmente, pero es probable que haya sido así.

ENTRE DOS FUEGOS

La violencia sexual contra las mujeres fue considerada poco relevante por las propias asociaciones de familiares y de víctimas. Cuando una mujer denunciaba la desaparición o asesinato de un familiar, también contaba que había sido violada, pero al final lo que se destacaba era la denuncia del crimen y se soslayaba la violación sexual.

"Muchas mujeres salieron a buscar a sus muertos, y de esta forma eran vulnerables. En las bases las engañaban y para darles alguna información las obligaban a tener relaciones sexuales. Esto no era voluntario. En un contexto de conflicto armado no existe voluntad por parte una víctima", explica la doctora Portal.

Militares y policiales practicaron la violencia sexual de manera sistemática y generalizada durante las operaciones de rastrillaje y también en cuarteles y comisarías.

En las prisiones, las mujeres acusadas de subversivas eran violadas, pero también padecieron de otras formas abyectas de violencia sexual como ocurrió con Gladys Canales Martínez, quien fue condenada a veinte años de prisión después de que un terrorista se acogiera a la ley de arrepentimiento y la vinculara con SL.

"En los calabozos de la Dincote del Callao me desnudaron para golpearme. También me colgaron desnuda con una cuerda amarrada a mis manos y me columpiaban hasta que perdía la razón. Y en la cárcel de máxima seguridad de Chorrillos, cuando la policía hacía requisas, nos hacían formar en el patio, desnudas, y con guantes quirúrgicos nos metían la mano a la vagina para ver si allí ocultábamos propaganda subversiva. Si no me violaron en la Dincote fue porque dije que tenía una enfermedad venérea. Igual, un oficial puso su cabeza entre mis piernas y allí me decía que confiese".

Los senderistas violaban o mutilaban los senos de las mujeres que no se sumaban a su revolución o que eran familiares de las autoridades a las que ajusticiaban. Pero también promovían las uniones forzadas con miembros del partido, convirtiendo a esas mujeres en esclavas sexuales. Una práctica que también perpetró el MRTA.

Las víctimas no denunciaban los hechos por vergüenza o por temor. No solo sus vidas corrían peligro, hacer pública una denuncia implicaba ser discriminadas y estigmatizadas por quienes, guiados por sus prejuicios machistas, creen que detrás de toda violación sexual hubo previamente una provocación de la víctima.

LESA HUMANIDAD

Gladys Canales fue indultada luego de siete años y ahora no sólo no teme contar su historia, sino que con su ejemplo espera que otras mujeres salgan a exigir justicia y reparación. Ella ahora es directiva de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno (Conamuacai), institución que también monitorea estos casos a nivel nacional. Según esta organización, el Registro Único de Víctimas que está siendo realizado por el Consejo Nacional de Reparaciones lleva registradas a 10 mil personas, y de estas, 120 mujeres han declarado haber sido víctimas de violación durante la guerra interna.

Un dato a tener en cuenta es que de los 47 casos presentados para judicializar ante el Ministerio Público por la CVR, dos se referían a violencia sexual: el caso de Magdalena Monteza y el de 26 mujeres de las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica). Han pasado cinco años desde que se presentó el informe final, y hasta ahora la justicia no se pronuncia al respecto. Las ONGs que acompañan a estas mujeres han presentado 46 denuncias por violencia sexual desde el 2004, y estas han sido ignoradas.

La CVR señaló que este tipo de violencia, por ser sistemática, es un delito de lesa humanidad.

Si bien se han endurecido las penas para los militares y policías violadores (Ley 28251), un proyecto de ley (1707-2007-CR) busca que se modifique el Código Penal para que se tipifique el delito de violencia sexual, si se trata de un plan sistemático o de ataque generalizado, calificándolo de delito de lesa humanidad. Esto quiere decir que se convertiría en imprescriptible, tal como ya lo señalan normas internacionales como el Estatuto de Roma.

"De darse esta modificación, el Estado va a prevenir este tipo de hechos, pero además, al formar parte de la norma nacional, daría un marco interpretativo para los operadores que están judicializando estos hechos, lo que podría llevarlos a endurecer aún más las penas", afirma la doctora Diana Portal.

Para las víctimas, lograr que sus agresores sean identificados, juzgados y condenados, es una forma de alcanzar la ansiada reparación. Si la justicia y también la sociedad las reconoce y, sobre todo, las escucha, ellas se sentirán resarcidas.

Hagamos un ejercicio. Cerremos los ojos un momento e imaginemos que los testimonios de esta nota provienen de nuestros seres queridos (esposas, hijas, hermanas o madres). ¿No lucharíamos acaso para que se haga justicia?å

DATOS Y CIFRAS

•• Las principales víctimas de violación sexual fueron mujeres quechuahablantes (75%), de origen rural (83%), campesinas (33%) o amas de casa (30%).

•• La mayoría de las violaciones sexuales se consumaron en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco.

•• La mayor incidencia de la violencia sexual, según datos registrados por la CVR, fue entre 1984 y 1990.

•• Se han identificado 40 bases militares donde se cometieron violaciones sexuales.

•• Los sentimientos más comunes de las mujeres violentadas sexualmente: miedo intenso (93%), sensación de humillación (66.7%), desesperanza y resignación (46.7%), sensación de desamparo (46.7%).

•• Según el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) del 2007, existen investigaciones sobre violaciones en bases militares de Apurímac y Chanchamayo. Pero estas no avanzan porque el Ministerio de Defensa se niega a proporcionar la relación de militares que fueron destacados a estas bases cuando se consumaron las violaciones.

•• Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la CMAN, asegura que el Consejo Nacional de Reparaciones, para fines de este año,habrá registrado a 45,000 víctimas, y de ellas se calificará a quienes necesiten la atención en salud mental como una reparación de parte del Estado por haber sido víctimas de violencia sexual.

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

En Colombia la violencia sexual también es una práctica cruel y habitual. Sandra es una mujer de 35 años que el año pasado presentó ante la justicia de su país una denuncia por violación perpetrada por agentes paramilitares en 1994, cuando ella tenía 21 años.

Empujada por la pobreza, Sandra González se ganaba la vida como trabajadora sexual, y fue en esas circunstancias cuando se negó a someterse a tres paramilitares y fue violada y golpeada brutalmente. La vergüenza y el miedo la obligaron a guardar silencio durante trece años.

En el 2006, con una pareja y cuatro hijos, Sandra tuvo que desplazarse de un pueblo del interior hacia Bogotá empujada también por el conflicto. Y así, cuando un organismo de derechos humanos la buscó para registrar su condición de desplazada, contó lo de su violación. "Fue muy duro, tenía miedo de que mis dos hijos mayores y que mi esposo no entendieran lo que me pasó.

Pero luego del shock inicial, me dieron su apoyo, y eso fue importante no sólo para denunciar ante la justicia mi violación, sino también para inspirar a que otras mujeres se animen a hacerlo".

Según Sandra, quien el viernes estuvo entre las invitadas a la Audiencia Post CVR denominada "Mujeres en dictaduras y conflictos armados", en Colombia el tema de la violencia sexual está invisibilizado y ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni las fuerzas armadas la mencionan en los procesos de paz. "Se entregan armas, se indican lugares de ajusticiamientos, pero no se dice nada de la violencia sexual. Y hay que hacerlo, hay que decir que sí ha ocurrido y que sigue pasando. No somos las víctimas las que tenemos que tener vergüenza, son ellos, los violadores, los que deben sentirla", dice Sandra.

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