Del congresista Robin Hood a una solución real, por Rosa María Palacios

“Quitar a los ricos para darle a los pobres”, el viejo lema del populismo, parece ser el argumento de más peso del presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, para que el Estado anule parcialmente las concesiones mineras vigentes y así entregárselas a sus invasores. La semana pasada el gobierno anuló el REINFO (el registro que se creó para el fallido intento de formalizar) a más de 50,000 peticionarios, quedando unos 30,000 vigentes. La restitución de estos registros anulados y la dación de una ley que cercene concesiones mineras formales para entregarlas a sus ocupantes precarios es, en resumen, la razón de una paralización nacional que cerró carreteras y ocupó la avenida Abancay esta semana.

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Con el precio de la onza de oro por encima de 3,000 dólares, sin parar de subir desde hace 20 años, el fenómeno de una minería al margen de la ley y la formalidad no ha hecho sino extenderse. Se calcula que este año moverá más de 7,000 millones de dólares (cálculos del IPE). Las consecuencias ambientales, laborales, tributarias y de vigencia de la ley son nefastas. Peor aún, si las disputas entre los invasores por el control de estos territorios terminan a balazos. Con disposición libre de dinamita, los atentados contra la infraestructura de operaciones formales que resisten heroicamente no son menores. En Pataz, Minera Poderosa ha sufrido la voladura de 18 torres de alta tensión; y un reguero de muertos solo confirma mi punto.

La invasión de concesiones formales ha sido paulatina pero constante a lo largo de décadas. La mayoría ha tenido que aceptar la convivencia forzosa, tratando de poner algunos límites. Una concesión minera formal en el Perú se otorga sobre cientos o miles de hectáreas dado que la economía de escala es vital para el éxito de la explotación. Se trata de inversiones de miles de millones de dólares que se recuperarán en planes de trabajo de 30 años o muchos más. Es evidente que no se puede explotar toda el área de golpe. Ahí es donde ingresa el invasor. Muchas veces, como en Pataz, a infraestructura ya desarrollada por el propio concesionario formal, “ocupando” socavones con operaciones que se acercan más a la mediana minería que a la pequeña o artesanal.

El negocio, al margen de la ley, cuenta con una red de plantas de beneficio que parecen ser invisibles para la SUNAT. Tan invisibles como los cientos de volquetes que entran y salen de sus instalaciones. Es un negocio lo suficientemente grande como para comprarse un Congreso peruano. De eso, como de la militancia de mineros informales en partidos de todos los colores, no hay duda. Incluso la izquierda, tradicionalmente antiminería, está encantada con la atomización de productores como modelo de negocio, dejando sus supuestas agendas ambientales en el recuerdo.

¿Qué hacer? Las soluciones son quirúrgicas. No hay posibilidad de encontrar una solución favorable al país (los recursos naturales son de la nación) si se aplican normas como hachazos. Lo primero es fijar un objetivo nacional: ¿Qué clase de minería queremos? Creo que un consenso más o menos obvio es una minería que no contamine, ni deprede el ambiente; que tribute en toda la cadena; y que respete los derechos de los trabajadores. A eso, hay que añadir que la gran inversión moviliza millones en capital que beneficia de manera directa e indirecta casi de inmediato a la sociedad y al Estado. Segundo, concentrar facultades en el Ministerio de Energía y Minas y, sobre todo, en el catastro minero, que es la herramienta clave para una cirugía mayor. Los gobiernos regionales no tienen hoy la capacidad, ni la fuerza para ordenar este caos. Un órgano centralizado creará jurisprudencia administrativa de valor nacional.

Tercero, en materia ambiental hay no negociables. No se puede hacer minería en áreas protegidas ni en cuerpos de agua. No se puede usar mercurio de manera artesanal. Y a estos requisitos básicos se pueden añadir algunas pocas condiciones más. Aquí no hay formalidad posible y la única respuesta del Estado es la represión. Particularmente crítico es el caso de la mayor parte de la Amazonía, pero si no se toman medidas radicales, en 100 años, apenas en dos o tres generaciones, nos quedamos con una selva más parecida a un desierto. Así de grave.

Cuarto, sobre terrenos eriazos del Estado donde no se ha concesionado, la solución es fácil. Se concesiona donde sea posible. Recordemos que del potencial minero de los Andes peruanos no se conoce ni el 2%. Hay áreas que se pueden ofrecer. De otro lado, las concesiones que revierten al Estado porque no pagaron los derechos de vigencia u otras razones, se ofrecen con preferencia a los actuales ocupantes.

Quinto, para áreas ocupadas dentro de concesiones formales no se puede obligar la contratación forzada. Eso es inconstitucional y crea un incentivo perverso. Si eso se fuerza (como pretenden la Confemin y sus congresistas aliados), donde hay hoy 80,000 personas habrá mañana 200,000 reclamando igual derecho. Jugar a Robin Hood sale mal. Porque, además, el modelo de explotación que propone la atomización no es el que mejor cumple los objetivos fundamentales del tipo de minería que quiere el país. Si el modelo es la fragmentación de la concesión minera, el gran capital, que tanto necesita el país, huye. Más del 20% del presupuesto nacional hoy sale de la gran minería formal. Debemos cuidarla porque esa es la matriz de donde salen los recursos para el desarrollo.

¿Qué hacer entonces? Crear incentivos para que la minería formal contrate con los invasores, siempre que se sometan a condiciones de seguridad ambiental, laboral y se fiscalice su real explotación y todas sus cadenas de beneficio y exportación. Pensemos en incentivos administrativos y tributarios, por ejemplo. No es fácil, porque el Estado tendrá que sacrificar algo, pero siempre será menos costoso que poner la cantidad de represión (que no tiene) sobre inmensos territorios concesionados. Para la empresa formal, ahorrarse los costos de seguridad (verdaderos ejércitos privados) a cambio de una paz para el trabajo puede ser un gran motivador, siempre que el proceso sea voluntario y acotado desde la autoridad, con la participación del catastro resolviendo cualquier problema de titulación de inmediato.

La única manera de comerse un elefante es por pedazos. Una ley de formalización que no distinga donde la diferencia cabe, no va a resolver nada. ¿Es urgente hacerlo? Depende. Si el precio del oro cayera (una fatalidad nacional), el problema desaparecería como desaparece la minería artesanal cuando no es rentable por su escala. Pero todo indica, Dios lo quiera, que el precio solo seguirá creciendo.

Estos últimos días han probado que la capacidad de presión de la minería ilegal, que se temía violenta, desbordada y mercantilista, no es tan grande. La fatal Ley MAPE no se aprobó y los cierres de carreteras finalmente se levantaron ante la falta de apoyo social. Esto puede dar un aire para encontrar soluciones reales que dudo puedan darse en un gobierno de salida y con bajísima credibilidad. La solución va a ser parte del debate de la campaña electoral y eso puede ser un factor por considerar en el financiamiento ilícito —y hoy delictivo— de partidos políticos.