Tukuy Rikuy, un análisis al proyecto del PJ para agilizar casos de violencia de género

¿Cuánto tiempo puede tardar una sobreviviente de violencia de género o sus familiares en encontrar justicia? En algunos casos más de 20 años, pero por lo menos es seguro que “aproximadamente uno”, si es que el proceso no se archiva, afirma Erika Anchante, representante de la Defensoría del Pueblo.

El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 advierte hasta 16 modalidades de violencia de género; sin embargo, las barreras para encontrar justicia pueden llegar a ser muchas más.

Si bien prevenir, atender y sancionar las grandes cifras de violencia contra las mujeres es un trabajo de diversas instituciones, que las víctimas puedan encontrar justicia y medidas de protección es una obligación que compete al Poder Judicial. Por ello, a inicios de enero, su presidenta Elvia Barrios, anunció la creación del proyecto Tukuy Rikuy, orientado para lograr “la automatización y reducción dramática de los tiempos de atención en casos de violencia de género” en una primera etapa.

El proyecto, que espera arrojar sus resultados iniciales para fines del primer semestre de este año, está liderado por César San Martín, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y se implementará en alianza con la Universidad de Buenos Aires.

El prototipo peruano está basado en Prometea, un software argentino de inteligencia artificial que agiliza los casos judiciales. Pero ¿de qué forma un recurso tecnológico podría hacerle frente a la cultura machista que aún existe entre jueces y juezas, así como en la sociedad misma?

Prometea, el sistema judicial de inteligencia artificial

En 2017, la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló Prometea, un sistema de inteligencia artificial (IA) capaz de predecir dictámenes judiciales en cuestión de minutos. Tres años más tarde, la herramienta ha demostrado reducir el tiempo de resolución de ciertos análisis y expedientes. En el 2018, logró una eficacia del 100% al convalidar todas las recomendaciones de los casos efectuadas por el software ante el Tribunal Superior de Justicia de ese país.

El algoritmo, creado por el fiscal argentino Juan Corvalán, actúa como un asistente virtual y la interacción con el sistema es muy parecida a la experiencia de un chat de WhatsApp que puede usarse en una computadora o en un celular, como da cuenta el medio argentino Ámbito.

Su uso automatiza tareas simples y repetitivas, pero también tiene la capacidad de “predecir” sentencias en menos de 20 segundos, basándose en los antecedentes o en la resolución de casos pasados similares a través del uso de palabras claves.

Para encontrar las respuestas, Prometea busca las leyes vigentes relacionadas con el caso tratado; detecta las similitudes que existen con otros procesos y usa toda la información recolectada para predecir y redactar un documento completo con la posible solución. En el caso argentino, el fiscal deberá monitorizar el proceso, colocar su firma y añadir notas adicionales si así lo considera.

“Lo que permite este programa es sugerir soluciones a los juicios que se ven bajo esta tecnología. No es que Prometea va a resolver todos los casos, en realidad, se utiliza para algunos. (...) Aporta al juez elementos de juicios”, explica Ronald Cárdenas, abogado e investigador en temas de Derecho y Bioética.

Con su implementación en la Fiscalía de Buenos Aires, la elaboración de un pliego de contrataciones se redujo en un 99%, de 90 minutos a uno solo; un acto administrativo en 81%; de 27 minutos a cinco; y en promedio los otros procesos diferentes en un 75%, de 72 minutos a doce. También se disminuyeron los tiempos para realizar un dictamen no autosuficiente en un 76%, de 160 días a 38; y un dictamen de amparo habitacional con citación de terceros en un 78%, de 190 días a 42.

En Perú, su uso estará destinado a los operadores de justicia y con ello se buscará reducir los plazos de atención a las víctimas de violencia de género. Tan solo en el caso de los registros sobre violencia familiar, entre el 2015 y noviembre del 2018, ingresaron cerca de 652.273 expedientes en 33 distritos judiciales del país, de acuerdo al Observatorio de Violencia. En la misma fecha, solo se otorgaron 396.577 medidas de protección a las denunciantes.

Los límites del Prometea

Uno de los principales cuestionamientos a Prometea son los criterios en los que se basa el algoritmo para poder dar resolución a los casos. Sin embargo, a diferencia de otros mecanismos que usan deep learning, una especie de caja negra que no permite auditar el proceso, sino que otorga una respuesta final; el proceso del algoritmo argentino es abierto y auditable por la persona del sistema judicial que sigue el proceso.

“El software argentino reproduce el proceder de la magistratura del país siendo básicamente sus funcionalidades la búsqueda de leyes relacionada con el caso que se está tratando”, refiere Ana Karin Chávez, especialista en derecho informático y gobierno electrónico.

El sistema prioriza la búsqueda de precedentes; pero ¿qué ocurre si en un determinado juzgado se avalan sentencias que culpan a las afectadas en lugar de los agresores?, como ocurrió en Ica, donde se hizo mención a un determinado color y tipo de ropa interior en la sentencia contra una mujer.

Para el especialista en temas de bioética, Ronald Cárdenas, estos sistemas son creados, programados y cargados a la red por seres humanos, entonces es posible que “se pueda terminar cargando con los prejuicios que se puedan tener”.

“Cualquier sistema de este tipo, finalmente, requiere la intervención humana para decidir y no dejar, necesariamente, todo a la máquina. Esta no debe sustituir al ser humano, sino más bien apoyarlo, ayudar al juez, a la autoridad en las acciones que correspondan”, enfatiza el abogado.

Adicionalmente, otro aspecto que ha sido cuestionado es cómo un sistema puede juzgar a una persona porque “el enjuiciar no es algo meramente mecánico”. “La decisión de un juez depende de factores técnicos, sí, de factores racionales, sí; pero también del aspecto emocional”, agrega Cárdenas. Resalta que es importante el seguimiento a su implementación y desarrollo.

Aterrizado en el caso de violencia de género, otro cuestionamiento es cuál será la prioridad que le dará el Poder Judicial a ciertos casos de violencia de género. “Son cosas que también tienen que resolverse porque no solo es un componente técnico, sino también ético en ciertas decisiones del sistema. No invalidan su aplicación, sino que llama la atención sobre aspectos que tienen que verse al momento. No se trata de poner la tecnología y ya, no es tan sencillo tampoco”, puntualiza Cárdenas.

En diciembre de 2020, Elvia Barrios había comentado la implementación de este sistema y resaltó que estaría destinado a las sobrevivientes de violencia familiar; sin embargo, durante su presentación como presidenta del PJ extendió la aplicación del algoritmo a violencia de género, tal como aseguró el magistrado César San Martín en diálogo con La República.

Aunque hay cuestionamientos, vale decir que esta tecnología ya se está usando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para casos de notificación con el fin de determinar la asistencia legal de algunas víctimas y para buscar precedentes. Asimismo, en agosto del 2020, Colombia también comunicó su uso, bajo el nombre de PretorIA para resolver cuestiones judiciales sobre salud en su Corte Constitucional de Justicia.

Los desafíos peruanos

En Colombia, uno de los principales desafíos que enfrentó la implementación de PretorIA fue la insuficiente cantidad de datos disponibles y digitalizados. Para resolver el inconveniente, la Corte de Justicia de ese país adaptó el formato en un “sistema de aprendizaje automático supervisado”, que mezcla el actuar entre el humano y la máquina para lograr tasas de acierto hasta que superen el 90% de eficacia; como se indica en un reportaje de Infobae.

El caso peruano es similar. De los 3.3 millones de expedientes que están a la espera de resolución en el PJ, solo 180.000 son electrónicos y están en etapa piloto, según un reportaje de Punto final. Las opciones digitales no han resultado eficaces y la aprobación del Banco Mundial para lograr el escalamiento nacional es en el área no penal. Los detalles sobre la cantidad de expedientes que corresponden a violencia de género aún no son publicados.

“El sistema requiere alimentarse de información y la información tiene que estar digitalizada. El problema es que en el Perú, por lo menos, ya desde mucho se viene hablando del expediente electrónico (...), pero todavía falta mucho”, detalla el especialista en derecho bioético.

Otro desafío es la escasa cultura digital que existe dentro del PJ. Como evidenció el informe del programa citado, hay jueces que todavía insisten en la atención presencial para resolver algunos procesos judiciales.

La Defensoría del Pueblo ya ha advertido que la pandemia ha reducido la atención a las víctimas de violencia de género y que uno de los grandes problemas es la carga procesal de los expedientes. “A veces el personal que hay no cubre, no se da abasto para resolver lo que hay. (...) En algunas ocasiones, la Comisión de Justicia de Género ha hablado de 4 a 5.000 expedientes que soporta un juzgado”, precisa Anchante.

La cultura machista, otro gran obstáculo

Su implementación no solo se enfrenta a los problemas comunes que hay al momento de administrar justicia en el país, sino también a una cultura machista que culpa y revictimiza a las mujeres. La mayoría de los casos de violencia de género se archivan en más de un 90%, como advierte Maria Ysabel Cedano de la ONG Demus.

Un informe de La República evidenció que en el caso de violencia de género en línea, entre 2019 y 2020, se recibieron 3.243 denuncias de este tipo, pero el Poder Judicial solo dio sentencia a tres de ellas, archivó 539 y 2.701 dejó en investigación.

Si bien se han implementado capacitaciones con enfoque de género a diversos juzgados, jueces y juezas, aún falta mucho para evitar al 100% sentencias que señalan a las mujeres como responsables de sus ataques.

“Muchas normas y acciones se han dado (en el PJ). Desde el 2011 se ha capacitado, pero ¿cómo hay un juzgado que avaló el calzón rojo en una sentencia? ¿Es solo un tema de falta de capacitación? No. Hay una cultura muy fuerte y arraigada en nuestro país que justifica, que es machista en extremo y que realmente considera que nosotras debemos tener determinadas conductas, determinada resistencia”, menciona la abogada de Demus.

Voluntad política, por lo menos, la hay para atender a las víctimas de la violencia machista. El programa Tukuy Rikuy promete solucionar algunas deficiencias, pero es necesario considerar ciertos aspectos para no repetir patrones ni sentencias que ponen como protagonista a la agredida y no al agresor. Reconocer y sancionar las malas prácticas también es parte de la implementación para que el PJ no sea un ente reproductor y haga la justicia que tanta falta le hace a las víctimas.

“Si no se reconoce que se tiene que hacer una reforma estructural de la cultura del sistema de justicia y reconocer que es machista, que es racista (…) y que las personas que incurran en eso deben salir de la atención de estos casos, (...) por más que les dictes un diplomado de género, dudo mucho que van a cambiar”, finaliza Cedano.