Detectan perjuicio económico por más de S/ 262.000 en Región Amazonas

La Contraloría General de la República detectó que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional Amazonas omitió iniciar acciones legales y presentar una solicitud de rectificación contra un laudo arbitral relacionado a la liquidación final de una obra educativa en Bongará, que contenía un error de cálculo a favor de la empresa contratista, lo que ocasionó un perjuicio económico contra la entidad regional por S/ 262.433,76.

Según el Informe de Servicio de Control Específico N.° 030-2020-2-5331-SCE, se detectó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en cinco exfuncionarios, dos funcionarios y un ex servidor público de los períodos del 2019-2020.

De acuerdo al informe, la Procuraduría Pública (2019) no solicitó en las fechas establecidas ante el Tribunal Arbitral la rectificación del importe de S/ 564.912,30, por concepto de liquidación final del contrato de la obra, el cual contenía error de cálculo en contra de la entidad por S/ 262.433,76, tampoco inició las acciones legales contra dicho arbitraje.

De la misma manera, exfuncionarios y funcionarios de la entidad aprobaron mediante acto administrativo a favor del contratista el concepto de sobrecostos indirectos por indebida resolución de contrato por S/ 262.433,76, a favor del contratista, que carecía de sustento técnico y legal, pese a que tal concepto no fue considerado por el Tribunal Arbitral.

Al respecto, se determinó que el importe correcto a favor del contratista debió ser de S/ 302.478.54; por lo cual, el hecho expuesto afectó la correcta utilización y gestión de los recursos públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Amazonas comprende el periodo de 23 de diciembre de 2016 al 25 de febrero de 2020, y fue notificado al titular de la entidad y procurador público para que inicien las acciones legales contra los exfuncionarios, funcionarios y ex servidor público, a quienes se ha identificado presunta responsabilidad civil y administrativa, respectivamente.