Arequipa: Temen cierre de colegios privados con nuevo decreto
Fiscalización. Ugeles y direcciones de Educación tienen ese encargo. Norma trae cosas positivas, como devolución de cuota de ingreso a padres que retiran a hijos.
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Edwar Quispe
El gobierno fiscalizará a los colegios privados. Para ello emitió el decreto 002-2020. En Lima, más de 260 colegios privados que operan en la informalidad serán clausurados bajo el amparo de esta norma. Ese mismo escenario se replicaría en Arequipa y otras regiones del sur del Perú. Solo en la Ciudad Blanca hay 2 000 colegios privados.
La fiscalización de los planteles recaerá en las direcciones de educación y las unidades de gestión educativa local (Ugeles).
La gerente de Educación en Arequipa, Margarita Monzón, se reunió ayer con los directores de Ugeles para aplicar la norma. Evaluarán la infraestructura, gestión institucional, equipamiento, mobiliario, recursos humanos (docentes y administrativos) y la propuesta pedagógica de los planteles. Exigirán que sus docentes tengan título pedagógico, sino, deben tramitarlo en un plazo de cinco años.
De no cumplir los nuevos estándares, el cierre es inminente. La norma rige para nuevas entidades y aquellas con autorización.
Ricardo Medina, representante de las instituciones privadas en Arequipa, dijo que evaluarán el dispositivo para plantear sus observaciones al Ministerio de Educación (Minedu). Sobre todo antes de la publicación del reglamento. Medina adelantó que la medida es peligrosa. Podría obligar al cierre de los colegios pequeños para fortalecer a grupos de poder que incursionan en educación. “No están impulsando una educación pública, sino una educación privada de grandes capitales”, dijo.
Medina también duda de la probidad de los directores de Ugeles y la gerencia como fiscalizadores. Carecen de transparencia. Ya existe el antecedente. La Ugel Norte fue acusada por cobros indebidos a colegios privados mediante el Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI). Según las quejas, pagaban 300 soles por este servicio, pero se cree que el dinero servía para no fiscalizar a los planteles que no cumplían con los requisitos. Los cobros se hacían a 90.
El especialista de la Corporación Paidos, Alfredo Aguilar, explica que la norma tiene también aspectos positivos. El primero, que la cuota de ingreso se le devuelva al padre de familia, descontando el tiempo de permanencia del matriculado. La mayoría de particulares cobran la cuota de ingreso, un monto fijo que nunca se devuelve y tampoco se conoce su destino.
Si el padre tiene pensiones pendientes, precisa la ley, se deduce de la cuota.
El decreto también evitará el crecimiento desmedido de los colegios privados y el respeto al ejercicio de la docencia en Educación Básica Regular a quienes ostentan un título pedagógico. En resumen, transformará las exigencias de la educación privada al poner una valla más alta para que funcionen.
Uno de los problemas, según Aguilar, será que esto podría traducirse en el encarecimiento de los servicios educativos, sobre todo en las zonas periféricas, donde los padres no confían en la educación pública y pagan pensiones bajas.
Un cierre masivo de colegios puede generar un caos. Para Medina y Aguilar, lo mismo que con la Universidad Alas Peruanas. Miles de estudiantes quedaron en el limbo. Ahora no hay otras casas de estudio que quieran albergarlos. La norma ya está aprobada y los promotores educativos deben adecuarse.
Plazas para docentes.
Colegios por convenio y el Coar sin control
Alfredo Aguilar hizo más observaciones a la norma. Indicó que no se incluyó en la evaluación a los colegios por convenio, que a pesar de tener plazas docentes pagadas por el Estado también cobran pensiones a los padres.
Lo mismo sucede con los Colegios de Alto Rendimiento (Coar), donde se permite que profesionales de otras carreras enseñen al alumnado, lo que está prohibido para los colegios privados.
El reglamento del decreto debe ser aprobado en un plazo de 180 días, por lo que su aplicación se realizaría en 2021.
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