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Sociedad

Defensoría presentará demanda contra decreto que facilita corrupción en concesiones viales

Han pasado 900 días desde que la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso de la República modificar el decreto legislativo.

Decisión se toma después de anuncio de la comuna limeña sobre la anulación del contrato con Lamsac Línea Amarilla. Créditos: La República.
Decisión se toma después de anuncio de la comuna limeña sobre la anulación del contrato con Lamsac Línea Amarilla. Créditos: La República.

La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1362 permite que las evaluaciones económico-financieras de las concesiones viales utilizadas por asociaciones público-privadas sean confidenciales, por lo que es probable que se cometan actos de corrupción.

Para impedir ello, la Defensoría del Pueblo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto. “Esta información económica es importante porque sirve de base para justificar el cobro de los peajes. Permitir su conocimiento abre la puerta a que pueda ser objeto de escrutinio por sectores especializados y la opinión pública”, explicaron mediante un comunicado.

Decisión se realiza después de que pasaran 900 días desde que la Defensoría del Pueblo presentara al Congreso de la República la modificación del punto del decreto legislativo que facilitaba hechos de corrupción.

"Tras haber realizado realizado diversas gestiones ante el Poder Ejecutivo, la Defensoría anuncia que, en breve, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el referido Decreto Legislativo, que restringe el acceso a la información económico-financiera de proyectos de gran envergadura, como el de las concesiones viales”, comunicaron.

Instaron a la Municipalidad de Lima que explique a los ciudadanos la vía legal que seguirán para anular el contrato de concesión de Línea Amarilla, tal y como lo anunció el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el pasado miércoles 24 de julio.

“La Defensoría del Pueblo resalta, además, que el otorgamiento de la concesión (Línea Amarilla) no fue suficientemente transparente en sus orígenes y que, en ese marco, el proceso de adquisición por parte del actual operador, debió realizarse con la máxima transparencia. Ciertamente, en el actual estado en el que se encuentra la ejecución de este contrato, también es necesario observar este principio básico”, indicaron.

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