FISCALíA INDAGA 25 muertes en PUCALÁ

Dicen que no hay crimen perfecto, y eso se buscaría esclarecer en uno de los distritos azucareros más importantes del norte. La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque investiga 25 crímenes vinculados a delitos como el sicariato, ocurridos durante los últimos 15 años en el distrito azucarero de Pucalá (región Lambayeque).

Según las investigaciones, varios de estos crímenes corresponderían a ajustes de cuenta y represiones perpetrados por persona vinculadas a las administraciones judiciales instaladas en la empresa agroindustrial Pucalá. Las pesquisas preliminares involucrarían a exadministradores judiciales, exintegrantes del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN) y actuales directivos de la compañía azucarera.

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Estas diligencias fueron confirmadas también ayer por el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, luego de una reunión que sostuvo con dirigentes de trabajadores y accionistas de la empresa Pucalá.

El fiscal superior Jorge Arteaga se reunió con los trabajadores en su despacho y les ofreció detalles de la investigación sobre los 25 homicidios en Pucalá, que se encuentran a cargo del fiscal provincial Juan Carrasco Millones.

Antes del diálogo, los trabajadores hicieron plantones en los exteriores del Ministerio Público y el Poder Judicial pidiendo que se investigue y se encuentre a los responsables de crímenes que hasta la fecha siguen impunes.

Asesinatos

El homicidio más reciente que se investiga sería la muerte de Julia Gonzales Rojas, ocurrida en diciembre de 2016, quien falleció a consecuencia de una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre desconocidos y trabajadores del Servicentro de Pátapo, en un aparente intento de tomar la administración judicial a la fuerza.

Otro de los crímenes indagados es el del exgerente administrativo de la empresa agroindustrial Pucalá, José Sergio Yancul Zapata, quien recibió varios disparos delante de su esposa y una nieta. El hecho de sangre ocurrió el 4 de noviembre del 2005.

También figura el asesinato del abogado Fernando Arbulú Roca, quien era defensa legal y exgerente de la empresa Pucalá. El letrado recibió 15 balazos cuando se encontraba al interior de su camioneta junto a su hija de 16 años de edad en la ciudad de Chiclayo, el 28 de octubre del 2008.

Del mismo modo, la Fecor investigaría el asesinato del abogado Alex Roberto Minaya Delgado, quien fue baleado por un grupo de desconocidos al momento que intentó impedir que estos detuvieran un camión con cargamento de azúcar de la empresa Pucalá. El abogado falleció el 28 de abril del 2010, luego de recibir dos disparos en el pecho y a la altura del corazón.

Otro de los crímenes impunes hasta ahora es el asesinato del vigilante Segundo Burgos Fernández, quien falleció de varios disparos, cuando trataba de impedir que extrabajadores ingresaran a las instalaciones de las áreas administrativas de la empresa azucarera Pucalá.

Pruebas y más denuncias

Mario Gonzales Pérez, presidente del Frente Nacional Azucarero, confirmó también la apertura de una carpeta fiscal para la indagación de los crímenes mencionados y otros desatados durante el conflicto por la azucarera Pucalá.

“Nos han confirmado que la investigación ya está aperturada, pero por la reserva del caso no se puede dar muchos detalles de las diligencias”, mencionó.

Líneas seguidas, indicó que hoy se reunirán con el fiscal Juan Carrasco Millones en su despacho, con el propósito de facilitarle documentación y otros medios de prueba que acrediten responsabilidades en los asesinatos. Fuentes del Ministerio Público aseguraron que el fiscal lambayecano ha programado una reunión reservada con los trabajadores de Pucalá.

Gonzales acotó que la investigación preliminar nace de una serie de denuncias formuladas por los trabajadores de Pucalá, la cual también involucra la muerte del auditor de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Luis Cieza, ocurrida en diciembre de 2015, en Chiclayo.

Por otro lado, Gonzales también mencionó que se denunció por el presunto delito de lavado de activos a exadministradores judiciales. Estas diligencias están a cargo de la fiscal anticorrupción Ana Zegarra Azula.

En su momento, el Frente de Defensa de la Industria Azucarera denunció que la permanencia del Consorcio Líder Azucarero del Norte (CLAN) en el control de la empresa por 14 años se basó en resoluciones irregulares que emitieron los jueces.

Informantes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron además que se investigaría a directivos vinculados a la actual administración judicial que encabezan Consuelo Ventura Zapata y Yolanda Pérez Arrascue.

Piden renuncia del juez

Durante la protesta en los exteriores del Poder Judicial, los trabajadores exigieron la salida del juez supernumerario Juan García Mayorga, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, debido a que mantendría en la empresa a una administración judicial que no cumple con los pagos a los empleados y jubilados.

“Estamos a la espera de si se decide que el juez Mayorga siga teniendo competencia en el caso Pucalá. Pedimos transparencia y solución a nuestros problemas”, comentó.

Lamentó que hasta la fecha se sigue manteniendo una deuda con los jubilados.