¿Cuántos derrocaron a Vizcarra?
“Los argumentos contra Vizcarra están todos bien en el aire, y el público está esperando explicaciones que sean algo más que el habitual recurso al secreto profesional”.
La idea de que fiscales participaron deliberadamente en el derrocamiento de Martín Vizcarra sigue dando vueltas, como algo de mal agüero a corto, mediano y largo plazo. No es la única idea de este tipo que circula. También está la de mucho ruido y pocas nueces en relación con una falta de acusaciones efectivas en cuatro años de Lava Jato (léase ineficiencia), o la de una interesada orientación brasileña a todo el proceso anticorrupción para grandes políticos y empresarios. Hay otras.
La del co-derrocamiento de Vizcarra es en estos días la más sugerente y fuerte. Sin duda por ser la más reciente, y tener detrás la extraña conducta de un fiscal, la investigación periodística que ella produjo, y luego el deseo de otro fiscal de relativizar afirmaciones de la prensa. Los argumentos contra Vizcarra están todos bien en el aire, y el público está esperando explicaciones que sean algo más que el habitual recurso al secreto profesional.
La crítica al trabajo o la actuación de uno u otro fiscal suele producir el temor a que se pierda todo lo avanzado en torno del megacaso Lava Jato. No importa que esos avances hasta aquí se compongan sobre todo de buenas esperanzas: todos quieren ver perseguido al político que detestan, aún si hay la sospecha de que el celo anticorruptivo puede no llevar a ninguna parte. Y luego tenemos el asunto de los medios, siempre felices de sentirse la comparsa del bien.
Hace ya cierto tiempo César Romero, editor de judiciales en este diario, hizo notar que la relación de los fiscalizadores Odebrecht peruanos con el periodismo iba variando según el medio. Es decir, sugirió, circulaba información prime a cambio de una peliculina que era en el fondo política. Lo de Vizcarra, una exploración de Romero, ya huele a canje político con todos los medios.
La historia de que las investigaciones fiscales toman tiempo, que toda denuncia útil para la investigación (que, ya sabemos, toma tiempo) debe ser subida a bordo, o que la mano dura sin explicación ayuda a la justicia, parece estar llegando a su límite. La gente quiere resultados, es decir pruebas, no solo de aquello volcado por los delatores, sino de lo trabajado por los propios fiscales, más allá de escuchar lo que oportunos moralistas han querido darles.
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