Una década de reactivaciones

El Perú tiene casi una década de reactivaciones. El Gobierno de Humala impulsó hasta cuatro paquetes reactivadores, el último de ellos más audaz que los primeros –redujo el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto a la Renta– y el tercero con medidas de recorte de la institucionalidad ambiental. El ex presidente PPK ejecutó una y media, de los decretos legislativos que dictó su gobierno con la delegación de facultades de 2016 y la que expuso el mismo PPK en el Congreso en julio del 2017.

Los resultados de estos impulsos fueron limitados; su impacto en la evolución del PBI fue menor que lo esperado, en ningún caso más allá de forzar un 0,4% del PBI del año acumulado en el que se dictaron, con el común denominador de no haber logrado la reactivación de la inversión privada. Siendo justos, habría que considerar dos hechos igualmente recurrentes, la poca estabilidad de los gabinetes a cargo de cada reactivación y la decisión específica de ministros que descartaron las reformas de fondo de sus antecesores, como lo hizo el ministro Bruno Giuffra con el programa de diversificación productiva que dejó Piero Ghezzi en Produce.

La reactivación ahora iniciada tiene otro marco, una brutal caída de la actividad económica en poco tiempo, la pérdida impresionante del empleo y la evaporación relámpago de 10 años de logros en materia social. Por esa razón, no se pretende ni sería correcto imaginarse una reactivación con los rasgos y ritmos de las otras ejecutadas en la última década. De hecho, la primera obligación de política es garantizar el suministro de bienes para seguir luchando contra la pandemia.

La reactivación en marcha tiene como principal componente amplias líneas de crédito, medidas fiscales y por primera vez en la historia la entrega de bonos a las familias vulnerables como compensación y subsidios no reembolsables a las empresas (35% de planillas a los que ganan menos de S/ 1,500). Es claro que se pretende inyectar liquidez al mercado y evitar el colapso de las empresas, pero no es claro el propósito de impulsar más demanda para lo cual el esquema debería ser más audaz en el crédito a las mypes y a la mediana empresa, y en la entrega de los bonos que ahora mismo parece ser solo la preocupación del MIDIS.

No habrá impulso a la demanda en la magnitud que se requiera si la política de los bonos no pasa a una segunda fase y se unifican las prestaciones en un Bono Universal, en las condiciones que lo ha planteado un grupo de especialistas que difundieron recientemente un pronunciamiento. En este punto, es urgente salir de la idea del pago de una vez y pasar a una prestación de varios meses según lo requiera la emergencia.

Debe salirse de la intuición de una reactivación tradicional y prestar atención al pedido de garantizar la postergación sin moras de los pagos de préstamos, especialmente de los créditos de consumo; la cobertura de las hipotecas impagas o los alquileres vencidos que ahora mismo ejecutan gobiernos en todo el mundo, para evitar desahucios; una moratoria mayor de los pagos de agua y luz; líneas de crédito específicas para salvar a las instituciones de educación privada, donde estudian un tercio de la población estudiantil del país; y definir el lugar que tendrán en la reactivación reformas postergadas como la del agro, la formalización del empleo, la mejora de la productividad y la diversificación.