Mujeres, cuidados y pandemia

Por Susana Osorio (economista feminista) y Mariela Belleza (abogada feminista)

En noviembre de 2021, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en articulación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encarga al IEP realizar una encuesta de evaluación rápida sobre los impactos derivados de la pandemia de la Covid-19 sobre las mujeres. Con ello se busca hacer una lectura de análisis crítico sobre sus resultados, identificando los desafíos para atender las desigualdades estructurales y lineamientos en las medidas de reactivación.

La pandemia ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema, ha acentuado las desigualdades estructurales, ha expuesto la mayor carga de trabajo que asumen —y han asumido históricamente— las mujeres, y ha puesto sobre el debate la centralidad de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados que son fundamentales para la generación de bienestar social y el sostenimiento de las actividades económicas. Las políticas de aislamiento social y paralización de servicios y trabajos en el mercado que se ejecutaron para contener la pandemia afectaron principalmente a las mujeres, pues regresaron (o reacumularon) al hogar cuidados y trabajo doméstico no remunerado, donde las responsabilidades están determinadas por las relaciones de poder y los mandatos sociales de género.

En el 82% de los hogares peruanos son las mujeres las que asumen la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado (Flora Tristán/IEP, 2021); es decir, cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar a los hijos e hijas, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad severa, a las personas con síntomas de Covid-19 que requieren atención en casa y acompañar a los hijos e hijas en sus clases virtuales, entre otros. De ese 82%, el 37% de las mujeres se autoidentifica como cuidadoras principales y el 47% de encuestados identifica a una mujer del hogar como tal.

Son mujeres con diferentes roles dentro del hogar (esposas, hijas, tías, cuñadas, suegras, abuelas y otras familiares mujeres). De las mujeres encuestadas 53% trabajan. De las cuidadoras, 82% de se encargan del cuidado de niños, niñas o adolescentes, 8% reporta tener una persona que requiere cuidados por dificultades físicas o mentales, 8% cuida a personas adultas mayores y 20% atiende a personas con alguna enfermedad, síntoma o malestar (Flora Tristán/IEP, 2021).

Las mujeres destinan más de veintisiete horas semanales que los hombres en actividades de cuidado (Flora Tristán/ IEP, 2021). Esto implica importantes desafíos que enfrentan las mujeres para articularse a los mercados de trabajo que generan ingresos. El tiempo es un recurso limitado y la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado asignado a las mujeres implica menor disponibilidad de tiempo para generar ingresos para ellas, sus familias y comunidades, limitando su autonomía económica, acceso y control sobre los recursos.

La permanente desregulación del mercado, la privatización de sectores estratégicos como salud y la reducción de la inversión pública en políticas de protección han profundizado la crisis de los cuidados durante la pandemia. En el marco de la pandemia, 62% de las mujeres indican que el tiempo que dedica al cuidado de los miembros de la familia aumentó como consecuencia de las medidas de distanciamiento y confinamiento social (frente a 57% reportado por los hombres) (Flora Tristán/IEP, 2021). El colapso del sistema sanitario ha terminado por trasladar la responsabilidad del cuidado de las personas con Covid-19 a los hogares, donde es una mujer quien termina asumiéndolo.

Las personas encuestadas que mencionaron que, debido a la pandemia, dejaron de trabajar, respondieron que los principales motivos para hacerlo están relacionados con la Covid-19, la pandemia y la cuarentena, así como con los problemas del propio trabajo o de negocio. Casi nueve de cada diez personas encuestadas afirmaron que los ingresos de su hogar disminuyeron debido a la pandemia.

El 44% de las mujeres encuestadas indica haber perdido su trabajo, de las cuales el 15% señala la responsabilidad de cuidado de otras personas como la razón principal (frente al 5% de hombres), y el 53% de las mujeres reporta que las horas que utiliza para generar ingresos disminuyó (Flora Tristán/ IEP, 2021).

En relación con otros impactos derivados de la Covid-19, 6% de las mujeres encuestadas tuvo que dejar de estudiar, 10% de ellas por la misma razón de cuidado. Es importante notar que el 8% de las mujeres que dejaron de estudiar indica problemas de conectividad (frente a 1% en los hombres), lo que visibiliza la brecha de género digital (Flora Tristán/ IEP, 2021).

Medidas de reactivación con enfoque de género

El Estado, el mercado y las familias —en particular las mujeres— son los tres pilares responsables de proveer bienestar a la sociedad. Cuando uno de estos agentes no asume su responsabilidad entran los otros a sustituirlo, porque las actividades que desarrollan son fundamentales para el sostenimiento de la vida humana. Lo que el Estado deja de hacer y lo que las empresas dejan de asumir pasa a ser resuelto en los hogares, incrementando la presión en las familias y dentro de ello, en las mujeres. Por tanto, las mujeres seguimos sosteniendo el funcionamiento de este sistema frágil, pero a costa de un precio muy alto y desproporcionado.

Igualmente, el retraso de una estrategia clara y segura para el retorno progresivo a la presencialidad en las escuelas y la carga de cuidado de enfermos/as derivados de la pandemia, acentúan la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sobre la fuerza laboral femenina, que verá limitada —aún más— su capacidad de articularse a las medidas de reactivación económica.

Corresponsabilidad y sistemas integrales de cuidados: atendiendo brechas estructurales

La apuesta está en redistribuir de manera efectiva estas dimensiones de trabajo que permitan a las mujeres alcanzar el desarrollo de su potencialidad económica y social, como parte del derecho fundamental a la igualdad. Para ello, es necesario implementar un Sistema Integral de Cuidados establecido en los lineamientos de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada en el año 2019, y que se articula con el Marco Conceptual sobre Cuidados, aprobado mediante R.M. 170-2021-MIMP, planteando el reconocimiento del cuidado como derecho humano y, por tanto, generar obligaciones y responsabilidades estatales más allá de las políticas focalizadas o subsidiarias, dando paso al reconocimiento universal con el Estado como garante de derecho.

El cuidado como derecho debe entenderse como el derecho a cuidar, que incluye el autocuidado, así como los derechos de quienes cuidan, por ejemplo, las licencias remuneradas (maternidad y paternidad), aunque en el Perú están concentradas -fundamentalmente- en las mujeres tras el parto, excluyendo a cuidadoras/os de otros/as dependientes y a trabajadores/as en situación de informalidad. Y también como el derecho a recibir cuidados —presente en todo el ciclo de vida—, aunque es preciso identificar a las poblaciones en situación de dependencia y vulnerabilidad para una intervención directa, sin negar que toda persona tiene derecho a recibir cuidados.

Asumir el cuidado como derecho fundamental de carácter universal para asegurar la sostenibilidad de la vida, implica un nuevo pacto entre el individuo, la sociedad, la familia y el Estado, así como transitar de lo privado a lo público. Ante ello, países de la región como Chile, Argentina, Colombia, México y Uruguay transitan en la implementación de Sistemas de Cuidado, teniendo como objetivo cuestionar la división sexual del trabajo.

Esto pasa no solo por crear y destinar recursos específicos para la creación y expansión de servicios, sino articularlos a todo el Sistema de Protección Social integrado a un Sistema de Cuidados en el país, con rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por ello, es preciso generar data actualizada sobre los usos de tiempos y el trabajo global que realizan mujeres y hombres, siendo fundamental que el Estado peruano destine recursos para realizar una nueva Encuesta de Uso del Tiempo - ENUT —pendiente desde el año 2015—, en cumplimiento del D.S. 056-2014-PCM que reglamenta la Ley 29700 y que incluye el trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales.

Desde el feminismo somos vigilantes en el cumplimiento e implementación de la ENUT y nos comprometemos a consolidar desde los sentidos comunes el cuidado como derecho y el trabajo doméstico no remunerado —que recae principalmente en las mujeres al interior de las familias— como un factor que impacta en la búsqueda de autonomías.

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