Aborto en Perú: ¿quién protege a las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual?

Milagros Requena

MilagrosRCal

19 Ago 2020 | 18:29 h
La Republica
Perú ha sido sancionado internacionalmente por no permitir el aborto a dos menores de edad. Foto: Composición LR

El derecho a decidir. En Perú solo está permitido el aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la salud o vida de la gestante, cualquier otra causal está penada.

En Brasil, un juez autorizó la interrupción voluntaria del embarazo de una menor de edad víctima de abuso sexual. La justicia brasileña permite el aborto en casos de violación y, en América Latina, otros seis países también han eliminado de sus códigos penales esta causal: Argentina, Bolivia, México, Uruguay, Colombia y Chile.

En Perú, solo está permitido el aborto terapéutico, que debe aplicarse cuando está en riesgo la salud o la vida de la gestante. Esta norma legal está vigente desde 1924. En el caso de la legalización del aborto para las víctimas de violencia sexual, el debate comenzó hace varios años; sin embargo, este se encuentra paralizado desde hace cuatro en el país.

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Según datos de la Policía Nacional del Perú, citado en un informe de Promsex sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual, entre el 2000 al 2009, del total de denuncias realizadas por violación a nivel nacional, el 78% correspondía a mujeres menores de edad, unas 45.736 víctimas. Dentro de esa cifra, la concentración más alta de denuncias fue entre el rango de 14 a 17 años.

Para Brenda Álvarez, abogada feminista, Perú es uno de los países que tiene los más altos índices de violencia sexual contra las mujeres, sobre todo contra niñas y adolescentes. Sin embargo, expresa que se tiene uno de los marcos jurídicos de protección más precarios hacia esta población.

Álvarez agrega que en el caso de niñas y adolescentes embarazadas, el hecho en sí mismo es un riesgo para su salud, incluso de vida. “Por tanto, en ese tipo de casos, debería considerarse la irrupción del embarazo a través del artículo 119 del Código Penal”, es decir, pueden solicitar el aborto terapéutico por el riesgo que implica un embarazo a esa edad.

“Se está valorando que el embarazo en sí mismo, más allá de cuál sea el origen, es perjudicial para la vida y la salud de las niñas y adolescentes”, comenta. Incluso es más perjudicial en el caso de las víctimas de violencia sexual, pues existe un impacto sobre la salud mental al continuar un embarazo producto de una violación.

Si bien el aborto terapéutico es un reconocimiento al que pueden acceder las niñas y adolescentes embarazadas, indica Álvarez, todavía existen serias limitaciones y obstáculos en la interpretación del personal médico para habilitar o facilitar su acceso.

“Depende de que el médico o la médica puedan identificar en qué situación sea riesgo. Que tenga una perspectiva de niñez y que no vean como un milagro que una niña de 10 pueda parir, que es una perspectiva distinta”, explica.

Aborto terapéutico: sin condiciones para menores de edad

Recién en el 2014 se aprobó la guía técnica de aborto terapéutico, legal desde 1924, para su aplicación a nivel nacional en los establecimientos de salud a partir del segundo nivel de atención, con atención quirúrgica para la irrupción de un embarazo menor de 22 semanas.

Sin embargo, esta guía no es ejecutada por los centros de salud, tal como está establecido. Uno de los más reciente casos es el de una niña en Ayacucho, víctima de violencia sexual, a la cual se le negó la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo al portal periodístico Wayka.

Brenda Álvarez comenta que dentro del procedimiento aprobado por el Minsa no se considera a las menores de edad. “Precisamente porque no existe un marco o un procedimiento con parámetros específicos para atender a las niñas o adolescentes es que en muchos establecimientos de salud no se les considera como parte de o como posibles candidatas para la interrupción legal del embarazo”, enfatiza. “Eso es un error. Por tanto esas niñas no tienen ese derecho, pero también el personal de salud considera que no lo tienen y tampoco cuentan con las herramientas adecuadas para poder hacerlo”, agrega.

Perú, país sancionado internacionalmente

Perú ha sido sancionado por las Naciones Unidas en dos oportunidades por no permitir la irrupción del embarazo de una niña y de una adolescente: caso L. C. vs. Perú y caso K. L. vs. Perú.

En 2007, L. C. quedó embarazada a los 13 años tras ser víctima de repetidos abusos sexuales. Después de intentar suicidarse, el Estado le negó el aborto terapéutico y enfatizó en su embarazo antes que en su estado crítico de salud, pues le negó una intervención quirúrgica que necesitaba, lo cual provocó su paraplejía.

Cuatro años después, en 2011, el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (Cedaw) determinó que se vulneró sus derechos y solicitó al Estado Peruano revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa abuso sexual o violación.

De igual manera, a K. L. se le negó el aborto terapéutico cuando tenía 17 años en 2001. A la entonces adolescente se le negó el acceso a este derecho, pese a estar embarazada de un feto no encefálico, es decir, sin posibilidades de sobrevivencia.

Años más tarde, en ambos casos, el Estado peruano tuvo que pedir disculpas e indemnizar a ambas mujeres tras impedir el procedimiento médico y la autorización a un aborto terapéutico.

Sin debate

Desde hace cuatro años no se aborda el debate del aborto en el país. En 2016, un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna bancada ha solicitado retomar el proyecto.

Si bien no existe una posición clara por parte de los representantes, con la presentación del proyecto de Ley N° 3839-2014-IC al Congreso, que recolectó alrededor de 60.000 firmas bajo la campaña Déjala Decidir, se ganó popularidad para despenalizar el aborto en casos de violación sexual.

Un informe de Ipsos Global, publicado en agosto de 2020, reveló que un 32% de los participantes encuestados indicó estar a favor de que una mujer se realice un aborto solo en ciertas circunstancias, por ejemplo si ha sido víctima de una violación. Asimismo, en 2018, un estudio a nivel nacional de Datum concluyó que el 64,1% de personas votó a favor de despenalizar el aborto bajo esta causal.

Para Brenda Álvarez, despenalizar el aborto para las víctimas de violación es un “compromiso” hacia las mujeres, sobre todo con las niñas y adolescentes peruanas que son una de las más afectadas por esta violencia sexual. “Uno de los grandes obstáculos que tienen las niñas y adolescentes para acceder a las sesiones de aborto terapéutico es que piensan que está penalizado”, declara.

“Yo creo que es necesario que se reforme este artículo (el 119) porque creo que es un compromiso, considerando que la mayoría víctimas de violación sexual son niñas y adolescentes. (...) Considerar a las mujeres realmente ciudadanas parte de reconocer su derecho a decidir y esto desde la infancia, adolescencia y niñez”, finaliza Álvarez.