Lo peor es que nadie se lo dice, por César Azabache Caracciolo

Estos últimos días el gobierno nos ha inundado de imágenes que muestran a la presidenta rodeada de efectivos militares y policiales armados. Las imágenes nos pueden haber incomodado o no, según dónde nos ubiquemos en el viejo espectro que separa a liberales de conservadores. Pero ese no es el problema. La semántica del orden mueve una serie de elementos que ya están establecidos. La imagen de una autoridad rodeada de personal armado es uno de esos elementos. La presidenta, por herencia o adscripción, es portadora de esa semántica. Entonces no debería sorprendernos que la use o incluso abuse de ella.

La semántica del orden se construye identificando enemigos internos. Se construye mal, en su propia lógica, si en lugar de un enemigo se elige como referencia un mal recuerdo. En Nueva York, al sumarse al llamado Escudo de las Américas, la presidenta recordó que el Perú derrotó a Sendero y al MRTA. Hace unos días, cuando se presentó la detención en La Pampa de Aldo Sánchez Huamán, aparentemente un criminal activo en la zona, la presidenta pidió que cada quien defina si está con el Movadef y Sendero o con las fuerzas armadas y Chavín de Huántar.

Sendero es la única organización peruana entre las 24 que lista como enemigos el Escudo de las Américas. Sendero es el enemigo interno que el gobierno de Alberto Fujimori, el padre de la presidenta, derrotó hace 34 años. Pero Sendero no explica la violencia que debemos enfrentar en el Perú de 2026.

Las organizaciones que hoy tenemos delante son muy distintas a Sendero. No tienen militancias ideológicas ni persiguen una supuesta revolución como vehículo para tomar el poder. Son marcas que se diferencian en el mercado del crimen con adscripciones territoriales. Sobornan y acumulan activos que lavan. El secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, a fines de agosto, además de la entrega al Perú de Jhonsson Cruz Torres, detenido en Bolivia, pusieron en evidencia la influencia acumulada en esa región por Los Pulpos y La Nueva Jauría. También mostraron las conexiones que habrían permitido, por ejemplo, que Bazán Valderrama, jefe de La Nueva Jauría, no fuera registrado como “buscado” por la policía hasta que se denunció el hecho.

Además de estas dos organizaciones, la penetración en el Perú del Tren de Aragua y el Comando Vermelho ha sido documentada. Mientras tanto, se acumulan evidencias sobre la presencia de Los Choneros y Los Tiguerones en el país. Estas otras cuatro ya están en la lista del llamado Escudo. La presidenta solo ha nombrado a tres de las seis: Los Pulpos, La Nueva Jauría y el Tren de Aragua. Cuando lo ha hecho no ha sido para fijarlas como objetivo de una política de seguridad específicamente definida, sino para pedir que las declaren terroristas. Otra vez Sendero como referencia. El gobierno ha sostenido que usar esa etiqueta permitiría a las fuerzas armadas actuar en apoyo de la policía. Sin embargo, haber establecido el Comando Unificado —tarde, por cierto— sin cambiarle el nombre a las cosas, demuestra lo contrario: que para que las armas coordinen o puedan planear operativos conjuntos no es necesario obtener facultades delegadas ni imponer nuevas etiquetas.

Generalizar la etiqueta “terroristas” tiene sentido en los Estados Unidos por razones completamente locales. Allá la lista de organizaciones criminales transnacionales autoriza menos medidas de control que la lista antiterrorista. Esa es una cuestión local que no tiene por qué convertirse en objeto de exportación.

Lo que deberíamos estar mirando de la experiencia comparada son las ventajas que ofrece listar organizaciones criminales, sean terroristas, carteles u otras organizaciones violentas. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Colombia y Guatemala lo hacen de una manera u otra. Las listas comienzan a imponerse como una herramienta que permite organizar las reacciones de cada Estado en función de objetivos y medir sus resultados sobre bases ciertas. Exigen definir qué autoridad asume competencia para ensamblarlas y qué papel tienen en el procedimiento las fiscalías. Las listas necesitan reglas legales y procedimientos sometidos a control judicial. Suponen un catálogo de medidas habilitadas por esa inclusión: congelamiento de activos, cargos por pertenencia o colaboración, premios por delación, facilitación de acuerdos de cooperación internacional. Cuando las listas existen, los casos por pertenecer o colaborar con ellas, o por financiarlas o lavar sus activos pueden construirse con mucha mayor facilidad que sin ellas. Los resultados, además, comienzan a hacerse visibles.

Colombia usa una sola lista para terroristas, carteles y organizaciones violentas. Nosotros acabamos de suscribir una lista ajena, la del Escudo, sin tener una propia. Identificar y listar a las grandes organizaciones criminales es un mínimo imprescindible si el objetivo es derrotarlas.

Para las acciones barrio por barrio, Nicolás Zevallos ha propuesto una aproximación complementaria: tomar el control de las zonas comerciales expuestas a la extorsión combinando la acción de municipalidades, comerciantes, comisarías y serenazgo. En paralelo, con ocasión del rechazo a la censura del ministro Astudillo, el diputado Colchado propuso, entre otras cosas, elevar del 9% al 15% y progresivamente al 20%, la proporción de policías dedicados a investigación criminal.

La seguridad interior exige actuar en varios planos simultáneamente. Pero sobre esto, más allá de las imágenes, el gobierno ha mostrado muy poco.

Las imágenes muestran fuerza. No contra quién dirigirla. Los moldes del pasado producen consignas, no políticas. Mientras no exista una lista seria que fije a las organizaciones que debemos derrotar, la presidenta seguirá dando palos de ciego.

Lo peor es que nadie en su entorno se lo dice.