El desafío fiscal del Perú

Durante décadas, el Perú encarnó un modelo regional de estabilidad macroeconómica. Hoy, sin embargo, se cierne una amenaza grave y sigilosa: el desmantelamiento progresivo de su arquitectura institucional fiscal.

En los últimos años, el Ministerio de Economía y Finanzas —otrora baluarte técnico del Estado— ha sufrido una paulatina erosión de su autoridad y funciones. Su papel está reduciéndose al de un ejecutor subordinado, obligado a instrumentar decisiones ajenas, muchas de ellas dictadas por un Congreso autoritario que ha capturado las finanzas públicas.

El MEF debe liderar la discusión sobre prioridades presupuestales y defender  con firmeza la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En la coyuntura actual, el Congreso legisla arrogándose de forma inconstitucional la iniciativa fiscal. Así lo advierte el presidente del Instituto Peruano de Economía, Miguel Palomino, al denunciar la deriva populista del Parlamento.

En lugar de ejercer un rol rector y contener los despropósitos legislativos, como lo ha hecho desde el retorno a la democracia en el 2000, el MEF sigue asumiendo una actitud pasiva.

Las cifras son alarmantes. Solo en lo que va del año, el Congreso ha aprobado aumentos de gasto y reducciones de ingresos equivalentes a un forado de 250.000 millones de soles en la próxima década: el mismo monto que el presupuesto nacional actual.

Se trata de una serie de medidas populistas que, acumuladas, constituyen una herida profunda a la salud fiscal del país.

Lo más grave es que todo esto ocurre violando el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe expresamente a los congresistas tener iniciativa para crear o aumentar gasto público.

Pese a las restricciones constitucionales, la coalición parlamentaria que cogobierna con Dina Boluarte ha instaurado una práctica sistemática de legislar gasto sin respaldo técnico alguno.

Esta dinámica cuenta con la anuencia de un Ejecutivo debilitado, que ha optado por su supervivencia política a cualquier precio antes que ejercer control.

De persistir esta trayectoria, el Perú estaría en el camino hacia una trampa de endeudamiento. Y los principales perjudicados serán los jóvenes que aún no ingresan al mercado laboral, quienes heredarán un Estado debilitado y con menor capacidad de proveer servicios esenciales como salud, educación o infraestructura. Mucho menos que ahora.