La emergencia de la salud: “paga primero”, por Irma del Águila

Alejandra Landers (26 años), arquitecta egresada de la PUCP, llegó a la clínica Sanna de San Borja el 18 de marzo por la noche, con una fiebre producto de una simpe gripe. Pocas horas después, los médicos declararon su muerte cerebral. Se ha sabido que a las 21h17 aproximadamente fue admitida a emergencia donde se le administró el suero fisiológico de Medifarma, producto con una concentración hasta seis veces mayor a la permitida. A la fecha, cuatro personas han fallecido y otras trece están con daño servero luego de aplicárseles el suero de agua y cloruro de sodio, entre ellas Alejandra. 

Se ha denunciado las serias falencias en el sistema de vigilancia de la Digemid, la tardanza en activar la alerta sanitaria, tres semanas después del primer caso registrado  en una clínica de Trujillo, el 28 de febrero. 

Ese 18 de marzo, pasadas las 23h00, Eliana, la mamá de Alejandra llegó a la clínica. Su hija ya habría convulsionado, estaba inconsciente, miccionaba y babeaba. ¿La clínica no activó protocolos de cuidado para preservar la salud de la paciente? Es cierto que se desconocía el mal estado del suero de Medifarma, pero interesa saber si la clínica actuó con la debida diligencia.

Pedro Alva, abogado de la familia de Alejandra Landers, sostiene que no. Que la clínica Sanna fue “indolente con el dolor de una familia”. La indignada madre señala que, en esas horas críticas, el personal de la clínica exigió que “pague” primero antes de aprobar una tomografía para Alejandra. Incluso, sin atender al hecho de que la paciente estaba asegurada. Lo mismo antes de dar la orden para que suba a cuidados intermedios, que pague.

Si el artículo 81 del reglamento de los establecimientos de salud indica con meridiana claridad que están “obligados a prestar atención inmediata a toda persona en caso de emergencia”. Si el artículo 83 salud establece incluso la responsabilidad en el “retardo en la evaluación y atención de la situación de emergencia”, ¿cómo entender entonces estos condicionamientos en la atención de Alejandra Landers en una situación tan crítica?¿Por qué en clínicas del país se restringe el acceso a emergencia a pacientes que “no pagan”?, ¿qué hace el Estado para evitar estos casos dramáticos que son el pan de cada día (si no pagas te mueres)?

Si el artículo 37 de la Ley General de Salud (modificado en 2009), establece que los establecimientos de salud (incluidas clínicas) deben aprobar “normas y reglamentos de funcionamiento interno”, ¿qué dice el protocolo de la clínica Sanna?

Y a todo esto, ¿qué hace la Digemid? ¿Verifica que estas normas y protocolos internos se den acorde con la ley peruana? De lo que parece, es papel mojado. El personal de salud en estos establecimientos trabajaría con supuestos bien distintos: pagar antes de brindar el servicio, incluso en situaciones en las que la vida humana pende de un hilo. Esto es sencillamente inadmisible.

La inmensa mayoría de peruanos no esperamos nada del gobierno de Dina Boluarte ni de este Congreso de la República. Ni siquiera que la Digemid haga un trabajo de fiscalización elemental. No lo ha hecho y no lo va a hacer, por muchas piruetas que haga el ministro César Vásquez.

El sentimiento que domina a muchos peruanos de a pie es que los establecimientos privados de salud no están para cuidarnos. Son corporaciones que existen para brindar servicios de salud, muy caros, a quien pueda pagarlos. Punto. Entre nosotros los peruanos no existe la convicción de que la salud sea un derecho universal.  Menos todavía que el Estado peruano tenga que preocuparse de que esos establecimientos cumplan con el supuesto mínimo: salvar vidas en inminente peligro como mandato imperativo, por encima del lucro.

Esta tarea, fiscalizar los establecimientos de salud, públicos y privados, y cuidar de la salud de los peruanos y peruanos, es algo que tendríamos que exigir a los partidos que postulan por decenas a la presidencia y al congreso de la República. Por lo pronto, descartar a los partidos con representación en este inefable Congreso, #ConEstosNo, que han perpetuado el estatus quo mercantil de la salud. Exijamos un Estado que nos cuide, es nuestro derecho.