El Perú entra en desacato

La decisión del Tribunal Constitucional sobre la validez del indulto a Alberto Fujimori y el acatamiento del Gobierno a esta disposición está pasando factura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Perú incurre en desacato de las sentencias de la justicia supranacional. Le comunicará a la OEA que nuestro país se pone en igual situación que Haití, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Se ha señalado que ni el Tribunal Constitucional del Perú ni el de ningún otro Estado tienen jurisdicción para interpretar las sentencias emanadas por esta corte internacional, que son de obligado cumplimiento por los Estados parte de la Convención Americana.

La Corte dispone una supervisión reforzada de la obligación de “investigar, juzgar y sancionar” las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori.

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Para ello, pedirá cada tres meses informe de cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta hasta que cumpla el fallo. Da plazo máximo hasta el 4 de marzo para que el Estado peruano pueda subsanar su decisión.

En el 2022, la Corte informó a la OEA de 21 casos de incumplimiento de sus sentencias: 2 de Haití, 2 de Nicaragua, 2 de Trinidad y Tobago y 15 de Venezuela. Perú se unirá a ese grupo de países que están en desacato por la liberación de Alberto Fujimori el 7 de diciembre del 2023, por ser contraria al derecho internacional.

Hay quienes han agitado las banderas de la soberanía como respuesta a esta decisión de la Corte Interamericana. Parecen desconocer que el Perú es parte de la Convención de Derechos Humanos y aceptó la competencia de la CIDH, renunciando a su fuero interno en esta materia. Las leyes y tratados se han hecho para cumplirse.

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Si la coalición conservadora que nos gobierna sigue tercamente en su intención de retirarse de la Corte de San José, habrá que lamentar que la marcha atrás no cese y que valores fundamentales como los derechos humanos corren el riesgo de perder su carácter universal y obligatorio, dejando en un estado mayor de precariedad e indefensión a los peruanos, que verán nuevamente postergados sus anhelos de justicia.