Castillo-Goray, por Inés Flores

El expresidente golpista Pedro Castillo ya no podrá seguir alegando que es una víctima de la justicia peruana y que ninguna prueba lo involucra en los actos de corrupción ocurridos durante su Gobierno. Desde hace un tiempo, bien se sabe, ese alegato es cada vez más inconsistente y hay suficientes elementos de convicción que lo acusan. A esos elementos se sumará ahora el decisivo testimonio de la empresaria Sada Goray, detenida por la Fiscalía el último viernes, y de quien se presume que integró una organización criminal que tuvo como jefe al exmandatario.

Las investigaciones de la justicia han revelado que la organización Casillo-Goray prácticamente copó los puestos claves del Ministerio de Vivienda y Construcción y lo puso al servicio de sus fines delictivos. La misma Goray ha contado sobre las cuantiosas coimas que pagaba acatando los requerimientos de Castillo a través de sus agentes: el exministro Geiner Alvarado y el exfuncionario Salatiel Marrufo. A cambio de ello, las autoridades de Mivivienda o del ministerio respectivo entregaron a Goray en bandeja extensos terrenos del Estado en la costa norte del país.

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Tan ciertos son estos hechos que cuando Marrufo empezó a revelarlos con detalles incontrastables ante una comisión parlamentaria, Castillo se tocó de nervios y decidió el golpe de Estado del 7 de diciembre a la vez que su fuga a México. Fracasó en su propósito. Ahora, ante su principal socia en los turbios manejos del Ministerio de Vivienda y Construcción, tendrá que explicar sus crímenes.

El caso muestra una vez más que el Estado peruano está podrido de corrupción por sus cuatro lados. La elección de un nuevo Gobierno no arreglará el problema. A una nueva generación corresponderá limpiar tanta suciedad y enrumbar al país por buen camino.