Sin control y sin pudor

El Tribunal Constitucional está haciendo exactamente lo que temíamos, pagando con creces su elección a este Congreso en detrimento de principios fundamentales. En una democracia no puede haber ningún poder sin control, siempre debe haber límites a su ejercicio. Pero esto acaba de ser ignorado por el nuevo TC.

La decisión emitida ayer sobre la demanda de competencias hecha por el Congreso es equivalente a un cheque en blanco y pretende volver al Congreso todopoderoso. Dándole capacidad de acción sin seguir procesos mínimos y sin restricciones de materia.

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En primer lugar, declara nulas las resoluciones emitidas por el PJ en los procesos de amparo interpuestos para evitar la elección del nuevo/a defensor/a del pueblo. Las medidas cautelares impidieron que la elección fuera a modo de repartija, exigiendo un procedimiento transparente, con etapas que permitan a la ciudadanía revisar los CV de candidatos/as y presentar tachas de creerlo necesario, a fin de lograr que se elija a una persona profesional y éticamente adecuada. Como este tipo de sentencias, han sido cuestionadas otras, como la que limitaba la posibilidad de modificación del consejo directivo de la Sunedu.

Por si esto fuera poco, ayer por mayoría el TC ha decidido notificar a la Junta Nacional de Justicia, entidad encargada de supervisar la labor de las y los jueces, para que actúen sobre quienes hubiesen otorgado esos amparos. ¡No solo declaran nulas las sentencias, sino que lanzan una amenaza de sanción a jueces que se atrevan a cuestionar el accionar del Congreso!

También por mayoría, el TC ha decidido exhortar al Congreso a incluir en el alcance del artículo 99 de la Constitución a los titulares del JNE, ONPE y Reniec. Dicho artículo señala cuáles de los altos cargos pueden ser acusados por infracción de la Constitución o por delitos funcionales. Entre ellos están el o la presidente de la República, las y los congresistas, las y los vocales de la Corte Suprema, pero no se incorporaron ahí a ninguno de los titulares de los organismos electorales. ¿Por qué? Pues porque tienen que fiscalizar a los actores políticos y por tanto deben tener total autonomía. Imagínense ¿cómo la ONPE va a fiscalizar a los partidos por gastos de campaña cuando la o el jefe de la entidad puede ser investigado y sancionado por las y los congresistas electos por los partidos en cuestión? Sin ir muy lejos, ¿creen que los congresistas promotores de la idea del fraude no hubieran intentado sancionar al actual presidente del JNE si hubieran podido hacerlo? Pues el TC acaba de decirles, sin pudor, que deberían incluirlos en el proceso sancionador.

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No olvidemos que este TC es fruto del contubernio entre la derecha parlamentaria y las bancadas que se dicen de izquierda como Perú Libre y el Bloque Magisterial. Sus arreglos nos costarán muy caro. Será nuestra ya precaria democracia la que tenga que pagar.