La verdad se abre paso

Con las pruebas aportadas por IDL en las que se confirma que por los menos seis de las diez personas asesinadas en Ayacucho, durante los disturbios del 15 de diciembre de 2022, cayeron bajo el impacto de balas disparadas cuando ya se había liberado el aeropuerto de la ciudad, se hace perentorio que exista voluntad política del Gobierno de Dina Boluarte para facilitar la investigación fiscal que ya se está desarrollando.

La versión oficial señalaba que en la defensa del estratégico punto se habían producido los enfrentamientos que estaban amenazando la seguridad aeroportuaria, y en el intercambio de balas entre los propios manifestantes habían caído los diez ciudadanos ayacuchanos.

PUEDES VER: Mirtha Vásquez: Imágenes de IDL-Reporteros prueban que “existieron 'ejecuciones extrajudiciales'"

La presidenta Dina Boluarte ha sido enfática en señalar también que ya no debe haber más muertes. Es correcto proponerlo, pero también hay que ir a fondo con la investigación y permitir que se llegue a la verdad, sin eludir los interrogatorios de militares involucrados.

La investigación periodística establece una línea de tiempo con la que organizan los hechos ocurridos y videos inéditos con los que documenta su versión, que contradice la verdad oficial y colocan una serie de interrogantes que deben ser respondidas por quienes intervinieron en este operativo. Es menester que la justicia acceda a la identidad de los autores de los disparos y de quién autorizó el empleo del uso excesivo de la fuerza en esa ciudad y otras localidades del sur del país.

PUEDES VER: Fiscalía tiene cerca de 150 videos con los que busca reconstruir asesinato de 10 civiles en Ayacucho

El informe confirma las investigaciones y testimonios recogidos por La República, que ya hablaban del operativo militar. Se han publicado informes sobre las pericias balísticas, las armas utilizadas, los informes forenses, que confirmarían que no se trataron de balas perdidas ni de disparos disuasivos efectuados por el destacamento militar. Mucho menos que se enfrentaron entre los manifestantes.

Hay mucha tensión acumulada por las variadas versiones que han ido ofreciendo las autoridades y además existe una comunidad internacional que no ve con buenos ojos la impunidad en casos de lesa humanidad como los que ha documentado el informe. Urgen respuestas rápidas y acciones decididas, sin tanto discurso hueco. La justicia que tarda no es justicia, y la verdad finalmente se abre paso.