¿Y Perú para cuándo?

La semana pasada, en Chile, el matrimonio igualitario pasó de ser un debate a convertirse en un derecho. En Argentina sucedió lo propio en 2010, una década antes de que, en 2020, se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo y que el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero sea un lineamiento para todas las organizaciones públicas y privadas. Por su parte, Brasil y Uruguay legalizaron la unión entre personas del mismo sexo en 2013. Y aunque en el primer país el aborto es completamente ilegal, el segundo lo permite desde 2012.

Estas semanas, los parlamentos de Colombia y Ecuador tienen el encargo de decidir modificaciones en sus leyes sobre interrupción del embarazo. En el primero para despenalizarlo y, en el segundo, para agregar una causal más: cuando cualquier mujer o persona gestante es sobreviviente de violación sexual. Si ambos casos prosperan, marcarían un avance para los derechos humanos de millones de mujeres y diversidades.

En Perú, en donde el matrimonio igualitario no es ley y no hay ninguna propuesta concreta en debate, y en donde el aborto solo es legal cuando la vida de la gestante está en peligro pero cuyo protocolo para llevar a cabo el procedimiento no es respetado por el personal médico de instituciones públicas, se abre una luz de esperanza con el proyecto de ley que propone la despenalización de la interrupción del embarazo en casos de violación presentado por la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú.

En un país con cientos de niñas, mujeres, diversidades violadas y forzadas a gestar y llevar a cabo un embarazo, empujadas a dejar sus estudios, sus casas, que esta iniciativa se convierta en ley puede significar un paso adelante para lograr algo de justicia social, la misma que empezará a tomar forma cuando los derechos de todas las personas histórica y sistemáticamente vulneradas sean garantizados.