Contrasentido

En mi artículo anterior, “Sentido Común”, hago mención a dos leyes absurdas: la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 29972–2005), que le da a los distritos una serie de facultades convirtiendo sus ámbitos en feudos, y la otra, la ley de la prohibición inmediata en la reelección de alcaldes y gobiernos regionales (Ley 30305–2015), que limita a la honesta y proactiva gobernación en el tiempo.

Ahora me referiré a otra ley nefasta anterior a las dos leyes mencionadas: la Ley 26306-1994 que fue promulgada por el condenado expresidente de la república Alberto Fujimori, ley que permitió la transferencia de terrenos ribereños de la costa metropolitana a seis distritos limeños: San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Este seccionamiento de la Costa Verde ha impedido tener una mirada estratégica, en contrasentido de “una visión de conjunto y de largo plazo acerca de qué es lo que queremos y cómo debemos ordenar este espacio privilegiado para que en el futuro cumpla con las expectativas de sus múltiples usuarios limeños”.

Para ser más explícito, doy cuenta que “el origen de este embrollo es la mencionada Ley No. 26306 que creó la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) en 1994, que además de fijar los límites precisos del ámbito de la Costa Verde entre San Miguel y Chorrillos, la ley transfiere la propiedad de los terrenos a los seis municipios distritales ribereños. A la vez, y que lo que pretendía la ley 26306 era implementar esa mirada integral en todo el ámbito y declaró la Costa Verde como una Zona de Reglamentación Especial, formando el Consejo Directivo de la APCV integrado por el alcalde de Lima, los seis alcaldes distritales ribereños y un representante de INVERMET con el expreso propósito que adopten colectivamente las medidas necesarias para el desarrollo armónico y estético de la Costa Verde”, pero que “en la práctica ha sido imposible compatibilizar visiones, expectativas e intereses entre tantos alcaldes cada uno con su particular proyecto en la Costa Verde, generalmente impulsado por criterios de generación de ingresos, y a costa de una inteligente perspectiva integral. Ello explica por qué se han otorgado ciertas dudosas licencias municipales de construcción en zonas paisajistas intangibles, en áreas inestables como el acantilado, aceptando desmonte de construcción y otros desperdicios de la ciudad (contaminando el mar por décadas), entre otra larga lista de violaciones sistemáticas que han merecido denuncias penales y multas, y que la APCV no pudo detener”.

El eje metropolitano de la Costa Verde debería ser un área prioritaria y de fundamental importancia para lograr mejores niveles de vida relacionados con la recreación, el deporte, y actividades turísticas y culturales que garanticen su desarrollo integral y sostenido fomentando la inversión privada y de obras públicas como la construcción de puentes, escaleras, estacionamientos, malecones, defensas ribereñas, recuperación de playas, reclamación de terrenos al mar, protección del acantilado, transporte ecológico público masivo, entre otros.

El post-COVID-19 debería aprovecharse como un “hito” para el inicio de una etapa de cambio a todo nivel, derogando la Ley 26306 y creando una sola autoridad rectora para gestionar de manera honesta, coherente y homogénea todo el ámbito de nuestra Costa Verde, y que este nuevo “hito” haga renacer el viejo dicho y retumbe en todas partes: “Vale un Perú”.