Jurisprudencia. Civil vendió secretos a Ecuador. La próxima semana la jueza debe definir si acoge o rechaza el pedido del fuero militar para inhibirse en investigación a Ariza. Ana Véliz. La jueza penal Antonia Saquicuray Sánchez investigó otro caso de espionaje en 1996. Ese año, como titular del 16º Juzgado Penal de Lima, abrió proceso a Félix Camizán Guerrero, un civil acusado de espiar para Ecuador. La intervención de Saquicuray en ese caso aparece en una nota de La República del 26 de abril de 1996. El caso fue denunciado por el fuero militar porque se trata de un civil, a diferencia de ahora que se trata del suboficial Víctor Ariza Mendoza. Camizán Guerrero, quien recibió una condena de 20 años de cárcel, fue procesado por traición a la patria y espionaje por entregar información de las bases militares del norte al ejército ecuatoriano, entre julio del 1995 y abril de 1996. Fue detenido en la localidad fronteriza de Aguas Verdes, tenía en su poder seis documentos y croquis militares secretos con información sobre ubicación geográfica y coordenadas de puestos de vigilancia, movimientos de tropas, armamento, municiones, material de campaña y vehículos militares peruanos ubicados en la línea de frontera. Un año antes en 1995, Saquicuray abrió el primer proceso al grupo Colina por los asesinatos en Barrios Altos y en una histórica resolución se negó a aplicar la ley de amnistía, amparándose en el control difuso. Aunque luego la Corte Suprema, entonces controlada por Vladimiro Montesinos, terminó por aplicar la amnistía a Santiago Martin Rivas y compañía. Años después, al ser nombrada jueza anticorrupción le tocó reabrir el procesos al grupo Colina, por los casos Barrios Altos, La Cantuta, Pedro Yauri y desaparecidos del Santa. Pedido de inhibición La jueza Antonia Saquicuray definirá esta semana si se aparta del proceso a Ariza, que estudia la jurisprudencia a favor y en contra de que la justicia civil procese a un militar por delito de espionaje. La fiscalía mantiene la posición de que el proceso se quede en el fuero común, pues el bien afectado no es militar sino la seguridad nacional de todos los peruanos. EL Dato Libertad. El técnico de la FAP Justo Rufino Ríos Aguilar fue recluido ayer en el penal Miguel Castro Castro al ser acusado de ser cómplice de Víctor Ariza en el caso de espionaje a Chile. Su abogado Ricardo Vegas afirmó que mañana apelará el mandato de detención. Precisó que su cliente se declaró inocente y que si entregó documentos confidenciales a Ariza fue porque era parte de su trabajo.
