Bagua, 8 años

Se sabe quiénes son los inocentes, pero no los culpables.,Hace 8 años, en los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo (Bagua-Amazonas) conocidos como el Baguazo, perdieron la vida 33 personas; 23 de ellas eran policías y 10 miembros de la comunidad amazónica awajún-wampis. Se reporta desde entonces como desaparecido al oficial de la PNP Felipe Bazán. En setiembre del año pasado, la Sala Penal de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas absolvió por unanimidad a los 52 acusados, la mayoría miembros de dicha comunidad, imputados por homicidio, contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas y explosivos, entre otros delitos. Fue extraño para los usos judiciales que los vocales ordenaran que se hiciera la traducción escrita de la sentencia a las lenguas awajún y wampis y que en ese momento los traductores oficiales les explicaran el fallo a los acusados en ambas lenguas. El fallo ha sido apelado y la Corte Suprema dirá su palabra final. No obstante, queda en el aire un asunto de fondo que tiene que ver con el sentido de la justicia: al emitir el fallo, el presidente de dicha Sala, Gonzalo Zabarburu, reconoció que no se sabe quiénes son los culpables del Baguazo. El caso se encuentra en el punto de que luego de ocho años se tienen 33 muertos, un desaparecido, se sabe quiénes son los inocentes pero no quiénes son los culpables. La explicación de este resultado provisional, a la espera de la sentencia definitiva de la Corte Suprema, se relaciona con los cuatro niveles del Estado que investigaron el caso: el Congreso, el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. El Congreso y el Poder Judicial han concluido señalando con distinta intensidad que la verdadera razón de este lamentable episodio se encuentra en las decisiones del poder que arbitrariamente violaron primero los derechos de propiedad de las comunidades nativas y luego se resistieron a considerarlos como ciudadanos en su interlocución con el Estado. Las palabras del jefe del Estado de ese entonces, Alan García, sobre que los nativos eran ciudadanos de segunda categoría expresaban esa convicción del poder. En tanto, para la Fiscalía la investigación se redujo a los supuestos autores materiales de los delitos en relación con los cuales se elaboró una pieza acusatoria penal tradicional que ha fracasado procesalmente. En la misma lógica actuó el Ejecutivo que salvó de las responsabilidades a los altos cargos políticos –los involucrados con la orden para el desalojo de la Curva del Diablo tomada en la Sesión del Consejo de Ministros del 3 de junio de ese año– y a los oficiales generales de la PNP y en cambio dejó que la pita se rompiese por el lado más débil: 7 miembros de la PNP. Quedan otros procesos judiciales en curso aunque la tendencia del caso, similar a otros dolorosos episodios como la matanza de Uchuraccay, es a la impunidad. Como aquella vez, el país está perdiendo la oportunidad de saber una dolorosa verdad, de cuyas conclusiones podría depender nuestro reencuentro con compatriotas a los cuales el Estado y la sociedad han marginado históricamente.

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