Punto final

Lecciones necesarias del caso Chinchero.,El gobierno acordó con la empresa Kuntur Wasi anular por mutuo disenso el contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero, el que será construido como una obra pública. Para que se concrete esta resolución no contenciosa del contrato con esta empresa faltan ultimar algunos detalles, como los gastos relacionados con el proyecto. Culmina de eso modo un proceso borrascoso desde su inicio, de los que habría que extraer las lecciones adecuadas. Las críticas al proyecto fueron tempranas desde que el año 2014, durante la administración de Ollanta Humala, el aeropuerto fue concesionado al consorcio Kuntur Wasi para ser ejecutado a través de una Asociación Público-Privada (APP). En ese momento algunas voces aisladas indicaban que el contrato no cautelaba los intereses del Estado en varios acápites, especialmente en relación con el tope del interés para los pagos del cofinanciamiento que pedirá la empresa concesionaria que podrían terminar siendo abultados. El actual gobierno señaló los errores del contrato y se dispuso a negociar una adenda que cambiaba el esquema del financiamiento del proyecto: el concesionario que en el contrato original ponía 80% y el Estado el 20%, pasaba a invertir el 20% mientras el Estado asumía el 80%. A pesar de ello, no se alteraba el plazo de la concesión. En este punto ya era claro que el Estado se encontraba empeñado en forzar la ejecución de un proyecto de APP a pesar de que se había transformado en una obra pública. Las voces críticas se dispararon entre los analistas, un grupo reducido de legisladores y algunos medios de comunicación. Los cambios en el financiamiento sin modificar el modelo APP ocasionaron diferencias en el mismo Estado, como la renuncia de la presidenta de Ositrán, Patricia Benavente, el organismo regulador en materia de transporte, luego de emitir un voto discordante en relación con la adenda del proyecto, que sin embargo fue aprobada por mayoría. Aun así, no hubo marcha atrás en lo actuado. Un contrato mal elaborado era seguido de una adenda cuestionada, trasladándose el problema al campo de la política. Aun cuando en ese momento se empezaba a hacer patente que el entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, no creía en la adenda, el gobierno decidió una huida hacia adelante, colocando desafiantemente la primera piedra del aeropuerto. En ese punto se inician movimientos desordenados en el Ejecutivo, mientras se sostenía que lo actuado era correcto, se suspendió el proyecto a la espera de la opinión de la Contraloría, y se anunciaron nuevos cambios a la adenda misma. El desenlace se vivió recientemente cuando luego de la interpelación parlamentaria renunció Vizcarra después de anunciar que se dejaban sin efecto el contrato y la adenda. Esta es la historia formal de un mal contrato y de una mala agenda, aunque la trama es más compleja, la de un Estado que tiene dificultades para corregir sus errores y al mismo tiempo reservas de transparencia capaces de resistir presiones combinadas de poderes privados que actúan a costa de la debilidad del Estado.

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