Decisiones drásticas

Las graves denuncias contra el Contralor.,La Contraloría General de la República es golpeada por un escándalo que sube de tono. Una denuncia del auditor de esa institución, Walter Grados, de que entre los años 2012 y 2015 el ahora contralor Edgar Alarcón –entonces vicecontralor– compró 9 vehículos por más de US$ 182.500 para revenderlos estando impedido de hacerlo, fue ignorada varios meses. En torno de esta denuncia se han registrado hechos que la agravan; el primero es la presión que Alarcón ejerció contra el auditor para que retire la denuncia en un tono aparentemente amistoso pero que encierra una falta de principios respecto al trato con los subordinados y el retroceso en los actuados desde ese órgano del Estado. El segundo son los enjuagues en el Congreso; la denuncia fue rechazada por consideraciones al parecer legales y al mismo tiempo silenciada, resultado del cual fue la omisión de la Comisión de Fiscalización que preside un vocero fujimorista, generalmente vocinglero respecto a otras denuncias. El auditor Grados ha señalado que el Parlamento jamás lo citó para indagar sobre sus denuncias, a pesar de sus llamadas. Finalmente también se ha conocido de una reunión entre el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y el Contralor en la que se habría deslizado por parte del Gobierno la idea de garantizar las transferencias de recursos a la Contraloría si el estudio del caso del Aeropuerto de Chinchero a cargo del órgano de control resultase favorable al Ejecutivo. Demasiadas malas noticias en tan poco tiempo sobre una institución que requiere de legitimidad y transparencia y en un contexto en el que actúan elementos políticos innegables y desembozados. Uno de estos elementos es la coincidencia de las denuncias con el reciente informe de la Contraloría sobre el Aeropuerto de Chinchero, que daría la impresión de una venganza, o de un operativo para que se retroceda en decisiones tomadas; el otro es la cerrada defensa del Contralor por la bancada de Fuerza Popular, hace pocos meses crítica de su nombramiento. A pesar de las adhesiones y defensas ensayadas, el caso existe y las acusaciones contra Alarcón son consistentes y revisten peligros para el Sistema Nacional de Control del que el Contralor es su representante máximo. Inclusive si se llegara a la conclusión de que el destape del escándalo obedece al propósito de silenciar los recientes pronunciamientos de la Contraloría, las denuncias siguen siendo graves y obligan a drásticas decisiones. Se precisa de rigurosas investigaciones. La fiscalía ha abierto una en el caso de la indemnización de una trabajadora de la Contraloría relacionada con Alarcón. Sin embargo, el fujimorismo presto a anunciar comisiones investigadoras para sus adversarios se resiste a adoptar medidas firmes y, si el caso fuese, no está garantizada la objetividad. La única salida para que esta institución recupere legitimidad e inicie un proceso de reforma demandada incluso antes de este escándalo es la renuncia del Contralor, a partir de lo cual se abriría una nueva página ojalá prometedora en este órgano llamado a liderar la lucha contra la corrupción.

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