El fugitivo

Derecho a la defensa no es igual a impunidad.,Alejandro Toledo se resiste a venir al Perú para comparecer ante los jueces. Es objeto de una sentencia de prisión preventiva de 18 meses por uno de los casos en los que está involucrado, dictada de acuerdo a los procedimientos penales en los que tuvo el derecho a la defensa y al debido proceso, y es objeto de una orden de captura internacional con alerta roja por otro de los expedientes en los que está incurso, el caso Ecoteva. Finalmente, para traerlo al Perú como en todos los casos de los nacionales acusados de cometer delitos comunes, el Estado tramita ante EEUU un proceso de extradición al que tampoco se ha allanado. Como todo acusado, tiene derecho a la defensa y lo está haciendo. Sin embargo, jurídicamente es un prófugo; un ex presidente prófugo acusado de corrupción que no se ha puesto a derecho, una actitud que, de acuerdo a las encuestas, los peruanos consideran deshonra la más alta magistratura que ejerció por encargo ciudadano. El ex presidente ha decidido politizar su caso a través de movimientos que solo agravan su situación procesal. Recientemente se presentó en un evento organizado en una de las instalaciones de las NNUU por el gobierno de Surinam, uno de los más corruptos de la región, intentando brindar la sensación de que su vida en EEUU transcurre con normalidad, que sigue siendo un político respetado, y que otros Estados no creen las acusaciones en su contra. Luego, ha brindado una entrevista a una cadena internacional, que se emitirá hoy, en la que afirma que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las investigaciones, lo que no es cierto. Desde EEUU, fuera del alcance de la justicia nacional exhibe un argumento francamente surrealista: “yo doy la cara, no soy un fugitivo”. El Estado se encuentra gestionando su extradición y ha decidido fortalecer el proceso con la contratación de abogados norteamericanos, un trámite que se anuncia largo debido al procedimiento especial de este tipo de solicitudes en EEUU, un país que no forma parte del convenio de Interpol y donde los requeridos de extradición afrontan el proceso en libertad. Esta demora podría brindar la falsa idea de que la impunidad en este caso depende del Perú y no del acusado. Los llamados de las autoridades a que retorne al Perú a responder a los tribunales son correctos porque la justicia es para todos. Su resistencia aumenta la indignación de los peruanos, y si cree que sus últimas apariciones implican una exitosa defensa pública, está equivocado. No es cierto que los procesos en su contra tengan el objetivo de “desaparecerlo” aunque es cierto que su actividad pública está sujeta a controversia, como sucede con todos los políticos. Los ciudadanos han sido con Toledo extremadamente tolerantes; sus recientes actitudes abonan a la cancelación de su etapa democrática y respetuosa de la ley. De esta lamentable transformación ya daban cuenta sus cambios de versión respecto a sus compras inmobiliarias. Ahora, su negativa a retornar al Perú hace que se parezca a Fujimori: como él, ha huido del país y, como él, desafía a la extradición.

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