Soberbia y delito

Decisiones judiciales que convalidan la comisión de graves delitos.,en agosto del año 2012, el músico y animador Edu Saettone atropelló a una mujer de 69 años en el distrito de Surco que murió luego de 5 días de agonía. La fiscalía acusó a Saettone por homicidio culposo pero el acusado se negó a acudir a las citaciones bajo pretextos laborales. Tampoco se presentó a la lectura de sentencia, por lo que el 22° Juzgado Especializado en lo Penal ordenó su captura al convertirse en reo contumaz. Fue condenado a 4 años de prisión efectiva y solo dio la cara cuando esta medida fue extrañamente variada a prisión suspendida, por lo que no pasará por ahora un día en prisión, por decisión de la 4ª Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima que además le redujo la inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo, que ya no será de por vida sino mientras dure la condena. En otro escándalo, el 5 de mayo pasado, el empresario Guillermo Riera atropelló y mató a tres personas en la Costa Verde. Horas después se presentó a la comisaría de Barranco un trabajador de su empresa para tratar de inculparse como conductor del vehículo, mientras Riera huía del país. Días después el empresario retornó a Lima sin dificultades porque no se había dictado contra él orden de captura y se presentó a la justicia. Riera cometió por lo menos 4 delitos: homicidio culposo, abandono de personas en peligro, encubrimiento real y lesiones graves, pero un juez solo ha dictado contra él impedimento de salida, a pesar de la clara evasión de la justicia. La fiscalía había pedido contra él la medida de detención preliminar que no fue aceptada. Ambos casos han despertado una entendible indignación ciudadana por varios hechos que se relacionan. El primero es la brecha entre la modestia de las víctimas versus el despliegue de poder de los responsables, que aparece como el elemento central de las huidas, dilaciones y resistencia a cumplir con las obligaciones legales de los conductores que cometen delitos. Ninguno de los aludidos finalmente se ha sometido al dosaje etílico, por lo que luego no se podrá argumentar ese agravante para la sanción. El segundo hecho es el desprecio por las víctimas. En el caso de Saettone, desde el año 2012 este no se ha acercado a los familiares de la persona que mató bajo el falaz argumento de la recomendación de sus abogados, en tanto acaba de señalar que no siente culpa sino pena por lo sucedido. En el caso de Riera, sus abogados sí se acercaron a los familiares de los fallecidos pero solo para ofrecerles dinero mientras insistían en que otra persona era la que conducía el vehículo del accidente. Los pretextos sobre su fuga –“Tenía nervios, estaba en shock” y “necesitaba explicar la situación a mi esposa”– son aún más indignantes para alguien que abandona a varias personas a las que ha causado un daño grave. Si a esta soberbia se agregan decisiones judiciales de claro signo de impunidad, la sensación ciudadana respecto a que la justicia en el Perú solo es para los poderosos se confirma, y con ella un inmenso daño a la confianza pública en el Estado.

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