Los cómplices

A propósito de los casos de corrupción, los técnicos no se alquilan.,La justicia ha ordenado la ampliación de la detención preliminar contra el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio y del abogado José Zaragoza fueron detenidos esta semana. Otro implicado en este escándalo vinculado a coimas entregadas por la empresa Odebrecht, Gustavo Fernando Zalazar, no ha podido ser ubicado. El caso apunta a la responsabilidad de los profesionales en las tramas de corrupción que actualmente se investiga. Según ha documentado este diario, el colaborar eficaz N° 06-2017 relató que luego de acordar el pago de US$ 3 millones de dólares, aproximadamente el 3% del costo de la obra de la Vía Circunvalación, Acurio y la citada empresa acordaron que el dinero del soborno se depositará en una cuenta off shore administrada por Zaragoza. El proceso demostrará si el abogado redactó contractos ficticios entre la empresa off shore y Odebrecht para darle visos legales a los pagos ilegales. Entre otros cargos se señala que los arreglos ilegales habrían sido facilitados por Salazar. De hecho, en este punto debe quedar establecido que la prestación de servicios a las empresas ahora investigadas no es automáticamente un delito, como tampoco lo es la formación de empresas de distinta modalidad en el exterior, y que por lo tanto no se puede presumir de plano que toda empresa off shore persigue el propósito de lavado de activos o que todo abogado relacionado con las actividades de las empresas brasileñas sea sospechoso de colusión. No obstante, en este como en otros casos, se advierte la presencia de arreglos legales o técnicos orientados a consolidar los flujos de sobornos, desembolsos del Estado mediante contratos ficticios, elaboración de adendas, justificación de cobros por actualización de proyectos, o incremento de pagos por arbitrajes que siempre ha perdido el Estado. En el engranaje de la corrupción que ahora se investiga, estas asesorías y prácticas profesionales para burlar la ley han jugado un papel central sin las cuales no hubiese sido posible que los actos ilegales se concretaran y llegasen a las magnitudes hasta ahora conocidas. Por esa razón, así como se ha sometido a un juicio severo a la política y a la actividad empresarial porque varios de sus miembros se abocaron a estos reprobables actos delictivos, debe hacerse la misma reflexión respecto al papel de las profesiones en la recreación de la corrupción. La idea básica de que los “técnicos se alquilan” y que los abogados, periodistas, administradores o ingenieros tienen por esa razón un papel subsidiario y marginal en la corrupción, es un error completo. Las leyes reservan para ese tipo de participación y asociación figuras penales específicas que en estos casos deben ser aplicadas con el agravante de que en algunos casos se tratan de especialidades que precisamente, por su conocimiento de las leyes están obligados a la rectitud y legalidad. Más allá de la labor que en este campo lleve a cabo la justicia, es además imprescindible una revisión exhaustiva de los principios deontológicos de las profesiones para que en ningún caso se exhiba como el argumento de que los profesionales solo brindan soluciones y que no importa si estas son o no legales.

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