Punto crítico

Acierto e impunidad en la hora más difícil de la democracia regional y local.,La democracia regional y local, la primera más joven que la segunda, se encuentra en una crisis que exhibe complejas regularidades, donde la acción responsable de la justicia se intercala con la impunidad. En el primer caso, la Corte Suprema absolvió al ex gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado, por la compra de maquinaria pesada valorizada en 20 millones de soles, y por el que había sido sentenciado a 5 años de prisión e inhabilitado por 3 años. A pesar de las pruebas, y del hecho que Oscorima eludió la acción de la justicia, los jueces le han devuelto la libertad y a su desastrosa gestión. El otro caso de impunidad es el del ex gobernador de Loreto Yván Vásquez Valera, liberado por decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró nula la sentencia de 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión. Por ese delito, Vásquez solo cumplió 140 días de reclusión. Antes, el 2014, fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el delito de colusión en agravio del Estado peruano por el caso de las adquisiciones de 4 embarcaciones fluviales, pero también salió en libertad. El caso es tan escandaloso que la Oficina Desconcentrada de Loreto (Odecma) del Poder Judicial inició investigación preliminar contra los magistrados que lo liberaron. Respecto a la acción de la justicia contra las redes regionales criminales, la Fiscalía de Crimen Organizado y la PNP desactivaron una parte de la organización delictiva liderada desde la prisión por el ex presidente regional de Ucayali Jorge Velásquez. La red que montó desde el poder se mantiene activa y se había recompuesto a través de una empresa de aviación dedicada al lavado de activos y sospechosa de colaborar con el narcotráfico. Finalmente, el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio fue detenido en el marco del Lava Jato peruano, procesado por haber recibido un soborno de US$ 1,25 millones de dólares de la empresa Odebrecht, sobre lo cual las pruebas con concluyentes. A las voces que señalan que esta corrupción implica el fracaso de la regionalización habría que responderles que la situación de las autoridades nacionales y municipales no es mejor. Los problemas de fondos de esas y de las otras corrupciones se originan en la desinstitucionalización de la política, la aparición de los políticos sin partido y sin historia y la clamorosa falta de control. Un denominador común de las cuatro autoridades señaladas es su irrupción como exitosos empresarios independientes cooptados luego por los partidos llamados nacionales. La indignación frente a esta escalada de corrupción que tiene a decenas de autoridades regionales y locales detenidas y muchas más en libertad, a pesar de sus delitos, debería reflejarse en una profunda reforma política y electoral. De lo contrario, casi todas las autoridades severamente cuestionadas volverán a ganar elecciones y sus redes ilegales seguirán depredando el erario y la confianza.

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