Parada de borrico

El Congreso debe debatir y aprobar un Código Electoral.,Reza el refrán: carrera de caballo, parada de borrico. Eso es lo que acaba de realizar la Comisión de Constitución del Congreso a instancias del fujimorismo sobre la reforma electoral, recibiendo el proyecto de Código Electoral solo como un insumo y no como una propuesta de dictamen. Esta comisión en el fondo ha rechazado una dedicada labor de nueve meses del subgrupo de trabajo que designó a inicios de esta legislatura, bajo la dirección de la legisladora de Fuerza Popular Patricia Donayre. Al decidir tomar la propuesta de Código como un insumo más, es evidente que lo que debatirá y aprobará la Comisión de Constitución serán modificaciones a normas ya existentes, cancelando la posibilidad de contar con un instrumento legal integral, ordenador y renovado que haga de los procesos electorales eventos previsibles. De ese modo se cumplen las advertencias hechas antes por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, en el sentido de que la reforma electoral es un “proyecto que aún debemos revisar”, que “no debería haber apuro por aprobar un dictamen de reforma”, y que “si pretendemos hacer una reforma electoral en este momento no deberíamos estar pensando en el 2018 sino en el 2021”. Aunque parezca extraño, la lógica con la que se ha encarado la reforma política ha sido precisamente la dispersión. La primera preocupación del fujimorismo ha sido ponerle candados al debate interno de las bancadas, aprobando la norma sobre transfuguismo, y hace poniendo al debate la reforma constitucional para permitir la reelección de los alcaldes, poco tiempo después de prohibirla. Parecen existir razones de fondo para que Fuerza Popular se sienta amenazada por un proyecto de código que sin embargo ha sido aprobado por unanimidad en el grupo de trabajo con el voto, inclusive, de sus representantes. No en vano el fujimorismo tiene cuentas pendientes en relación con el financiamiento de las campañas electorales. Lo ha dicho además el titular de la Comisión de Constitución. Estos cálculos partidarios no deberían anteponerse a la necesidad de cambios políticos-electorales. Sobre el punto, resulta curioso que algunos grupos que demandan sanciones severas frente a las denuncias de financiamiento ilegal del Partido Nacionalista Peruano (PNP) en las elecciones del año 2011 se resistan precisamente a regular de un modo más eficaz este aspecto del sistema político peruano. Este es el momento de nuestra historia republicana que reclama reglas claras para que el desempeño de los elegidos no tenga cuestionamientos de origen que lo debilite, a tenor del caótico proceso electoral del año pasado, criticado en aspectos importantes por la cooperación internacional. Al mismo tiempo, es la oportunidad ideal para que se incorporen a nuestra legislación derechos de los militantes de los partidos y de grupos tradicionalmente excluidos del ejercicio del poder como las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos de las comunidades nativas. El Perú no puede perder esta valiosa oportunidad.

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