Madre mía

La reapertura de un caso de violación de DD.HH. que interesa a los peruanos.,El fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, no descartó la reapertura del caso Madre Mía luego de difundirse audios en los que se denuncia el pago de testigos para favorecer la situación legal del ex presidente Ollanta Humala en este caso, y la difusión de dos nuevos testimonios sobre presuntos asesinatos ocurridos en esa localidad del Alto Huallaga. En este caso, además, se tiene que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos dispuso la indagación contra los que resulten responsables de las torturas y desaparición de diversas personas en Madre Mía en la década de 1990, y que la Oficina Descentralizada de Control Interno de la Fiscalía en Lima abrió de oficio una investigación al fiscal Marco Guzmán Baca para esclarecer por qué no se informó en su momento sobre los audios que vincularían a Humala con este caso. Como se puede apreciar, los procedimientos a cargo del Ministerio Público se han echado a andar ante las nuevas evidencias 11 años después de las primeras denuncias sobre este caso y luego del archivamiento de este el año 2011. Como lo señala el ex fiscal Víctor Cuba Villanueva, quien en su momento solicitó archivar el caso, la ley permite la reapertura de la causa porque su archivo fue provisional. En este momento como en la primera vez, la prensa ha jugado un papel destacado. Como lo ha reseñado el periodista Edmundo Cruz, La República realizó un intenso trabajo de campo, con viajes a la zona y entrevistas a los testigos, acompañando las gestiones y denuncias de la Coordinadora Nacional de DDHH. Luego de la muy probable reapertura se tendrá que documentar cómo se llevó a cabo el proceso que ahora empieza a salir a la luz, para evitar la eficaz acción de la justicia. En este segundo momento, es evidente que, como entonces, se mezclan en las denuncias objetivos y operaciones políticas. A pesar de ello, la justicia debe realizar su trabajo, esta vez tomando los recaudos necesarios para que uno u otro objetivo no impida la obligación de encontrar la verdad y sancionar a los responsables. En el caso Madre Mía no debe ser juzgado, exclusivamente, un oficial del Ejército que luego se desempeñó como Jefe de Estado. Como ordena el documento de la Primera Fiscalía Supraprovincial sobre Terrorismo y DDHH que ordena la investigación, deben ser objeto de indagación las violaciones de los DDHH en Madre Mía en la década de 1990, una parte de las cuales han sido documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y los organismos defensores de los DDHH. Esta precisión es necesaria habida cuenta del repentino interés de determinados sectores políticos por los derechos humanos, a despecho de su tradicional oposición a que se juzguen las denuncias de detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas. Esta conversión en favor de los derechos y libertades es bienvenida, con la obvia condición de que se extienda a todos los casos, para evitar precisamente la politización de la justicia. Uno de esos casos que espera su reclamo es el del cuartel Los Cabitos (Ayacucho), donde hace 34 años 54 personas fueron torturadas, varias de las cuales han muerto esperando justicia.

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