Regresión total

Operación política que derriba la protección contra el feminicidio, la violencia familiar y de género.,En la madrugada de ayer, el Congreso derogó parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323 que protege con sanciones más severas los delitos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género. De ese modo, el Parlamento cumple la promesa de los grupos conservadores que pretenden erradicar de la legislación peruana toda alusión a los derechos de género y la protección de la comunidad LGTB víctima de los ataques de odio. La norma derogada modifica el Código Penal para elevar las penas por estos delitos haciendo énfasis en los artículos 46° y 323° del Código Penal, incluyendo la tipificación de delitos por orientación sexual e identidad de género. El argumento usado es que la norma derogada no se enmarcaba en las facultades delegadas al Ejecutivo el año pasado. Siendo incluso esta razón de carácter formal, también es inexacta, debido a que la delegación de facultades incluyó un largo acápite relacionado con la seguridad ciudadana, uno de cuyos elementos concurrentes es, precisamente, la impunidad frente a la violencia familiar, el feminicidio y los delitos premunidos del odio a las personas por su condición social, racial, religiosa o de orientación sexual. Se sabe de sobra la verdadera razón de esta derogatoria. Es una operación política para congraciarse con el discurso fundamentalista que se opone a reconocer la igualdad de género y que es tolerante –y a veces activo promotor– de la discriminación contra la mujer y la violencia contra la comunidad LGTB, al punto que varios de sus líderes han llamado al asesinato. Esta derogatoria es la expresión de una alianza política de Fuerza Popular y grupos radicalizados, una ofrenda de claro sentido electoral que se origina en los comicios del año pasado y que amenaza pasar en breve a otras normas contra las cuales se han movilizado. Lo que ha escenificado el Congreso es una violación de derechos humanos ya reconocidos y consagrados, fundamentalizados al ser incorporados a la legislación peruana, lo que implica una afectación al estándar protector de las personas reconocido por instrumentos internacionales suscritos por el Perú. Lo que se espera es una dura condena al Estado peruano como país que vulnera el principio de no regresividad e imprescriptibilidad de los DDHH. La inactividad del Ejecutivo frente a este anunciado abuso ha sido igualmente clamorosa. Cuando a inicios de abril la Comisión de Constitución aprobó recomendar la derogatoria, la Ministra de Justicia informó que su despacho iba a utilizar todos los mecanismos necesarios para impedir que se concrete este abuso. Poco de esto se hizo, más allá de algunas gestiones, perdiéndose la oportunidad de poner por delante de esta pretensión regresiva a los sectores vulnerables a estos delitos que el Congreso acaba de relativizar. El anuncio de la presentación de un nuevo proyecto es positivo, pero debería implicar que los sectores gubernamentales llamados a movilizar acciones para la defensa de los derechos, ejerzan el liderazgo y el rol rector que las leyes les confieren.

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